El terrorismo no se ha acabado en el Perú, se ha mutado, porque remanentes de Sendero Luminoso, organización terrorista que causó tanto daño al País, se han convertido, según los últimos estudios sociales, en una banda al servicio del narcotráfico, quienes todavía desangran al país de los incas, basándose en la clandestinidad, el temor que aún producen en lugares carentes de la presencia del Estado, donde cuasi enquistados en la geografía agreste de la selva peruana, vienen utilizando técnicas de guerrillas y de combate asimétrico para golpear a las fuerzas del orden y a las Instituciones Estatales, que tratan de impedir su nuevo modus operandi. Durante el gobierno anterior (2006-2010), se concientizó acerca de la amenaza a la gobernabilidad que el terrorismo representa, para ello establecieron políticas estratégicas enfocadas en la reestructuración de las formas de enfrentar los graves problemas que vienen originando, dando prioridad al accionar terrorista en los valles del rio Apurímac y Ene, ubicados en la parte sur del país, donde se concentra la mayor violencia, adicionando a las estrategias netamente militares otras que permitan el desarrollo de la zona y la presencia del Estado, sin embargo dejó de lado en la práctica, otra zona donde aún se mantienen hombres alzados en armas y que escudándose en sus reclamos socialistas protegen a los carteles que producen la droga, focalizados en la cuenca alta del río Huallaga, por lo que es necesario desarrollar políticas efectivas, concretas, cuantificables y parecidas a la de la zona sur a fin de apoyar a las Instituciones policiales y del Estado, que contrarrestan esta amenaza en esta parte del país, objetivo final que busca el presente escrito.
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América Latina sigue siendo un caldo de cultivo para los grupos violentos, como lo demuestra el auge de los cárteles de la droga en México y las organizaciones narcoterroristas como las FARC colombianas y Sendero Luminoso peruano. Sin embargo, una cuestión que aún no se ha abordado adecuadamente es si existe la posibilidad de que vuelvan a surgir grupos violentos de orientación ideológica, como el EPP paraguayo o el EPR mexicano. Este artículo ofrece una revisión general de la situación de seguridad en la región, centrándose en los grupos armados violentos y discutiendo hasta qué punto pueden tener una ideología política.
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Observamos que un incremento en las actividades del narcotráfico transnacional, a través de los cárteles mexicanos, está amenazando en diversa medida la seguridad nacional de Colombia, el Perú y Bolivia. Como resultado de ello, en la política de seguridad sub-regional andina con apoyo de los Estados Unidos debe elaborarse una nueva estrategia antidrogas multilateral que pueda enfrentar exitosamente los nuevos niveles de narcotráfico y violencia criminal ejercida por actores transnacionales no-estatales como es el caso de los cárteles mexicanos en la región andina.
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Este ensayo analiza el impacto de la asistencia militar en los niveles de violencia del estado contra los civiles durante las guerras civiles. Azam y Hoeffler aducen que el financiamiento externo aumenta los niveles de brutalidad contra los insurgentes. Se aduce que ello podría ser cierto en el caso de asistencia para el desarrollo, pero no cuando se trata de asistencia militar. Con datos del Perú y El Salvador, se sugiere que la ayuda militar a veces podría estar inversamente relacionada con los niveles de violencia contra los civiles. Son dos los factores que lo explican. Primero, la asistencia para el desarrollo sólo aumenta el financiamiento de los regímenes brutales, mientras que la asistencia militar puede inducirlos también a abandonar la brutalidad. Segundo, si bien los programas tradicionales de ayuda militar se han visto impulsados en su mayoría por inquietudes estratégicas, los que se implementaron en Perú y El Salvador incorporaron también aspectos relativos a los derechos humanos.
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El artículo se centra en los factores que influenciaron la decisión peruana de participar en las operaciones de paz en Haití, así como en las dificultades que hubo que enfrentar para concretarla. De los factores que influenciaron tal vez el más importante fue el de reinsertar a la Fuerza Armada peruana en la comunidad militar occidental, después de años de lucha contra Sendero Luminoso que había llevado a graves violaciones de derechos humanos. Asimismo, pesaron la intención de tener prestigio y presencia en el ámbito internacional, las ventajas económicas que esto brindaría a la tropa, las ventajas en entrenamiento, y finalmente, la colaboración con los Estados Unidos en una misión que era de interés para este país.
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El documento describe la estructura organizacional del Sistema de Defensa Nacional del Perú. Luego de discutir el papel que cumplen las distintas entidades que lo conforman se hace un análisis del presupuesto asignado a dicho sector. El documento pone especial énfasis en la transparencia del presupuesto asociado al sector defensa y en especial al presupuesto asignado al servicio de inteligencia. Una primera evaluación del sector defensa y de su presupuesto nos indica que la información disponible es escasa y casi de nula utilidad puesto que no permite una evaluación de la rentabilidad social de proyectos individuales asociados a dicho sector. Asimismo, una gran parte del presupuesto se destina a acciones orientadas a atender los programas de gasto social. Esto genera una distorsión con respecto a la evaluación del resto de la política de gasto social del gobierno. Es difícil medir cuánto del gasto de defensa destinado a atender necesidades sociales de la población resulta complementario o sustituto del resto de acciones del gobierno. Un tema común a todo el sector es la cultura del secreto y la falta de transparencia y la dificultad del acceso a la información. Recientemente, la situación ha mejorado con la publicación del Libro Blanco de la Defensa Nacional pero a nuestro juicio el camino por recorrer es aún muy extenso.
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Este artículo describe brevemente la ley sobre el servicio militar obligatorio vigente en Perú entre 1823 y 2000. De ahí, la autora describe las recientes reformas al servicio obligatorio realizadas por la Legislatura peruana. La autora indica que los cambios de actitude en todo el mundo hacia el servicio militar obligatorio, así como la cambiante situación en Perú, fueron factores in la decisión de modificar las leyes sobre esta práctica. El artículo trata de algunos de los cambios particulares hechos en la nueva ley, la cual entró en vigencia el primero de enero de 2000, e indica que, no obstante las tendencias en otros países, la reforma peruana no buscaba establecer unas fuerzas armadas totalmente profesionalizadas, sino que el nuevo modelo peruano es uno de un servicio militar rotatorio y voluntario en el cual los soldados recibirán capacitación laboral para su eventual reincorporación productiva a la sociedad peruana.
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