El autor hace un análisis de la evolución de la agenda de seguridad del Ecuador desde sus raíces históricas hasta su más reciente desarrollo durante el conflicto con el Perú y los efectos del conflicto colombiano en la frontera. El autor sostiene que la agenda de seguridad del Ecuador se concentró históricamente en la hipótesis de un conflicto convencional con Perú y se basó en un rol tutelar y de integración social de sus Fuerzas Miliares que logró articular a las bases populares con los temas de la seguridad y la defensa. Por estas razones las Fuerzas Militares ecuatorianas buscaron ser esencialmente disuasivas frente a la superioridad militar de sus vecinos. No obstante, la concepción de seguridad y defensa del Ecuador dará un viraje desde finales de los años 90, al concentrar su atención en las amenazas que representa el desarrollo del conflicto interno colombiano en su frontera, La debilidad de la estrategia de seguridad democrática de la administración Uribe Vélez en la frontera colombo-ecuatoriana y la influencia del Gobierno de los Estados Unidos van a ser fundamentales en la formación esta nueva agenda de seguridad. Sin embargo, paradójicamente, involucrarse en el conflicto colombiano puede traer consecuencias negativas para la seguridad ecuatoriana. Aunque Ecuador denuncia los efectos nocivos del Plan Colombia para su seguridad, busca beneficiarse al mismo tiempo de la Iniciativa Regional Andina que tiene propósitos similares. El Estado ecuatoriano parece haber centrado tradicionalmente su agenda de seguridad en amenazas externas, mientras que la gran inestabilidad interna, política y económica, es quizás la fuente más importante de inseguridad lo que ha impedido además establecer una política en materia de defensa coherente y duradera.
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Venezuela, como otros países de América Latina, fue receptora de los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional desarrollados durante el periodo de la Guerra Fría. Esta doctrina tuvo profundas repercusiones en la definición de los intereses nacionales y del perfil de seguridad del país. Por lo tanto, conceptos tales como la territorialidad, la soberanía, el enemigo interno y/o externo y el desarrollo de la nación fueron orientadores de las políticas adoptadas por militares y políticos venezolanos en materia de seguridad y defensa a lo largo de los últimos cincuenta años. No obstante, la llegada al poder del presidente Hugo Chávez Frías en 1999, implica la puesta en marcha de la Revolución Bolivariana que incluye una reevaluación de la concepción tradicional de seguridad. En éste sentido, es imperante estudiar y analizar los componentes de la nueva visión geopolítica y geoeconómica de su proyecto político que abarca la redefinición de objetivos estratégicos que deben responder a los permanentes y nuevos intereses nacionales, el establecimiento de unas nuevas relaciones cívico-militares, la necesidad de crear una nueva Fuerza Armada Nacional, el propósito de dejar atrás viajas doctrinas que no son originarias del país y la adopción de nuevas reformas en seguridad.
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El presente artículo tiene por objeto estudiar el proceso de percepción de las amenazas desde un punto de vista teórico. A partir de un enfoque propedéutico, de base filosófica, que nos brindará el medio para debates posteriores, se estudiará el fenómeno de la percepción de las amenazas, priorizando los datos sobre el proceso de decisión formulado por las Ciencias Políticas y las Relaciones Internacionales. En ese ambiente, las amenazas pueden ser percibidas de distintas maneras por el conjunto burocrático estatal ya que son varios los factores que inciden sobre el proceso, entre ellos la formación de las personas, los marcos constitucionales y legales, los choques burocráticos, así como la cantidad y calidad de la información. De esta forma, el objetivo de este artículo es analizar el tema de las amenazas a partir de la perspectiva clásica de los estudios de defensa nacional, pero incluyendo en el debate la contribución de los estudios de economía y medio ambiente relacionados con la temática de seguridad internacional, intentando establecer conclusiones sobre cuánto favorecen a la formación de las políticas de defensa y de cooperación regional.
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No hay dudas que para combatir al terrorismo internacional en América Latina el gran desafío es el fortalecimiento institucional de los Estados, dependiendo de ello la garantía por la provisión de un bien público —entre otros —como la seguridad. Las referencias a la Opinión Pública (OP) en la región, por su parte, suelen abocarse a la percepción de la amenaza del terrorismo en las sociedades y la relación que la misma tiene, por ejemplo, con la imagen de los Estados Unidos —en particular su política exterior y el modo de enfrentar al terrorismo. Sin embargo, un punto que no suele ser advertido es que la OP también constituye un factor a tener presente en la lucha contra el terrorismo, dado que puede condicionar —aunque no determina— las respuestas de aquellos Estados institucionalmente débiles, y asimismo puede menoscabar su fortalecimiento institucional. A partir de la experiencia del caso argentino, testigo de una OP desentendida de la amenaza del terrorismo internacional y un deficitario enfrentamiento institucional de la misma, el presente trabajo procura advertir tal importancia, planteando un modelo de escenarios posibles al entrecruzar las variables OP y voluntad política.
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Las luchas y demandas indígenas en países de América Latina por Autonomía, su análisis debe superar percepciones y expresiones catastróficas a la hora de su discusión, evitando visiones atrapadas en la tentación recurrente de calificar a este emergente y gravitante fenómeno, como potencial amenaza para estados nacionales respecto de lo cual se debe reaccionar con decisión, reduciendo o eliminado la demanda. El presente trabajo pone sobre la mesa una eventual y futura crisis entre Chile y Argentina si la demanda un mismo Pueblo un mismo Territorio de parte de Los Mapuche, se instala y se desarrolla con fuerza a ambos lados de Los Andes, así el llamado y “conocido” Conflicto Mapuche podría constituirse como una variable binacional como tal; recuérdese que esta es una zona donde a ambos lados de la cordillera existen importantes cantidades de comunidades mapuches. La Crisis (de agudizarse) tendrá como actores además de los Mapuche, a dos Estados con no pocos desacuerdo en su historia a partir de la independencias de España: hoy en la actualidad aún tenemos cuestiones de frontera no resueltas y otros desencuentros y diferencias significativas de tono mayor y de reciente expresión, que habla que frente a un Conflicto Mapuche de tipo Nacionalitario, podría dar paso a una crisis de relaciones fronterizas donde el que hacer, como hacer, cuando y en beneficio de quien actuar sobre el tema, podría encontrar a ambos estados en muy dispares posiciones, como a ocurrido (y sigue ocurriendo) en muchas otras materias incluidas las indígenas, partiendo por el convenio 169 de la OIT, el cual Argentina lo suscribió hace seis años y Chile se ha negado a hacerlo.
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El artículo se concentra en demostrar la relación directa que se establece entre gobernabilidad y seguridad en América Latina, a partir del rol de las instituciones democráticas. La descripción del marco sociopolítico de la región, es la base para la definición propia de estos conceptos entendidos como consecuencias deseadas, a la vez que permite conocer las fuentes estructurales de las dificultades para conseguirlas con éxito. La premisa fundamental es que será necesario recuperar el valor de las instituciones, por que es solamente a partir de la construcción de un espacio de acción colectivo, que las interacciones sociales toman cuerpo más allá de las voluntades particulares. Las instituciones, son el nexo entre una gobernabilidad efectiva y una seguridad formal y percibida como auténtica, por que cristalizan tres elementos que permiten lograr estos resultantes: la contención social, la representatividad y la confianza.
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Cada estado ha enfrentado, en distinta forma, el desafío de modernizar, transformar y/o crear sistemas de inteligencia orientados a satisfacer las necesidades de los procesos decisionales, con un evidente cambio respecto a su función en la guerra fría que se centraba, básicamente, en la identificación y neutralización de amenazas ya sea de origen interno o externo. No obstante ello, tal proceso enfrenta obstáculos políticos, económicos y, en especial, conceptuales para establecer el sistema de inteligencia más adecuado a cada país. En el presente artículo, se plantean las características de estos sistemas, el cual debe ser coherente con sus intereses, objetivos y los recursos existentes bajo un criterio de consolidación democrática, donde la inteligencia es un medio que opera bajo estrictos controles políticos y legales, pero cuya resultante se orienta a ser un insumo fundamental del proceso decisional del conductor político, ya sea en su calidad de Jefe de Estado y/o de Gobierno.
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Históricamente, el Poder Legislativo brasileño se ha caracterizado por un solemne desprecio al tratar las cuestiones relativas a la defensa nacional. Las prerrogativas conferidas por la nueva Constitución (1988) a este importante segmento del sistema político no han sido utilizadas en su plenitud. El objetivo del presente trabajo es establecer cómo funciona el proceso legislativo nacional en el período postautoritarismo en el amplio campo de la seguridad y defensa, cotejando los impactos derivados de la reciente institución del Ministerio de Defensa en Brasil (1999) y de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 para efectuar un análisis de los temas relacionados con la seguridad / defensa en nuestro país. Consideramos en forma especial al Parlamento porque en su condición de ente pluralista y representativo, creemos que funciona como una síntesis del estado nacional con respecto a la atención que la sociedad le presta a los temas de seguridad y defensa y a sus Fuerzas Armadas. En el inicio del siglo XXI, como resaltaremos a lo largo del artículo, pareciera que existen nuevos elementos que apuntan hacia la valorización social e institucional de esa importante temática en Brasil, que podría redundar en la maduración e intensificación de nuestra joven democracia.
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Sudamérica y la zona andina en especial, no se constituyen en una amenaza para los EE.UU. desde el punto de vista de poder militar o económico, pero si como posible escenario de una “pax mafiosa”, tendencias al caos y el desorden. El proceso que tiene lugar en la zona de los Andes se caracteriza por estados inestables (Bolivia, Ecuador), soberanías seriamente dañadas (Colombia), regímenes democráticos dañados (Venezuela) y mayores niveles de militarización (Colombia, Ecuador, Perú). A las tensiones inter-estatales (Venezuela-Colombia, Chile-Bolivia) se suman dinámicas de seguridad transnacionales en ascenso (narcotráfico, lavado y guerrilla) y conflictos sociales originados no sólo en factores económicos sino también identitarios. Llegado a este punto, cabría reflexionar sobre la posibilidad que la Argentina y Brasil en particular y la región en general encuentren en este listado de desafíos a la seguridad ciudadana y a la seguridad nacional un verdadero espacio para la convergencia de percepciones y desarrollo de políticas que le den al MERCOSUR un mayor contenido e identidad en materia política y de seguridad.
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El 1 de marzo de 2004 el presidente de Chile Ricardo Lagos, comunicó al país la decisión de enviar tropas a Haití, formando parte de una misión de paz multinacional MINUSTAH, bajo mandato de Naciones Unidas. Esta decisión convirtió a Chile en el primer país latinoamericano en integrar una fuerza de pacificación en el país caribeño junto a Estados Unidos, Canadá y Francia, luego de la caída del presidente de esa nación Jean Bertrand Aristide, constituyendo el despliegue más numeroso que haya hecho Chile en su ya larga historia de apoyo a las misiones de paz. En Chile esta iniciativa generó un intenso debate políticos en los círculos de análisis internacionales y de defensa, en cuanto a la conveniencia de participar con ese despliegue en una misión con las características de MINUSTAH. El objetivo del presente documento, es aportar los antecedentes que llevan a Chile a participar en esta misión, su contexto y formar un juicio documentado, en torno a una temática que al interior del país es aún nueva, tanto como la participación de fuerzas chilenas en misiones bajo Capítulo VII.
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