La inseguridad alimentaria es un problema urgente en América Latina y el Caribe (ALC), y la susceptibilidad de la región a la inseguridad alimentaria está a punto de empeorar con los efectos acelerados del cambio climático. La inseguridad alimentaria no es en sí misma un fenómeno que requiera una respuesta militar. De hecho, la inseguridad alimentaria “no” es una amenaza tradicional a la seguridad de las fronteras territoriales y la soberanía nacional. Más bien, debería verse como un amplificador de tensiones y vulnerabilidades políticas, económicas, sociales y ecológicas que pueden ser explotadas por actores malignos y, por tanto, contribuir a aumentar las preocupaciones en materia de seguridad. Desde este punto de vista, las inversiones en seguridad alimentaria deben considerarse medidas de seguridad necesarias, proactivas y preventivas, en apoyo de las agencias gubernamentales civiles y los sectores privado y sin fines de lucro. A través de un papel limitado centrado en la asistencia humanitaria, la respuesta a desastres y la colaboración interinstitucional e internacional, los Estados Unidos puede aprovechar las capacidades y recursos del DOD para apoyar a sus socios regionales en la lucha contra la inseguridad alimentaria. De lo contrario, se correría el riesgo de perder un imperativo estratégico, humanitario y moral.