En Sudamérica se suceden sin pausa los intentos por establecer una nueva institucionalidad en inteligencia. Probablemente junto a las serias falencias que muestran los cuerpos policiales, la estructuración de servicios de inteligencia profesionales es uno de los temas pendientes en la consolidación democrática en seguridad en la región. La mayoría de estas organizaciones son dirigidas por militares y policías, aunque entre sus miembros aumenta crecientemente el número de empleados civiles. Se pueden identificar dos grupos bien diferentes de países. Por un lado, están aquellos que cuentan con organizaciones antiguas y consolidadas, al menos en apariencia, aunque no necesariamente legitimadas (SIDE en Argentina, ABIN en Brasil y DAS en Colombia). Por otro, hay una serie de países con servicios de inteligencia en gestación y en busca de legitimidad y profesionalismo. Es el caso de ANI en Chile y DINI en el Perú, mientras los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela intentan establecer, mediante reformas legislativas, organizaciones de inteligencia completamente nuevas. En todo caso, perdura la falta de profesionalismo, el uso de malas prácticas—muchas veces mediante el uso político de los servicios — y, en algunos casos, el bajo nivel de eficiencia y éxitos, además de la persistencia de pugnas intestinas por poder, influencia y recursos entre civiles, militares y policías.
