El tema del liderazgo estratégico ha tenido un desarrollo espectacular en el mundo de la dirección empresarial, donde se ha publicado mucha literatura tendiente a explicar sus alcances, formas de operación y su relación con la planificación estratégica y el proceso de toma de decisiones. Toda esta información, que aseguraría el éxito de una empresa, ha sido una referencia sumamente útil para el ámbito de la defensa y seguridad, aun cuando todo lo escrito no es exactamente aplicable en el escenario estratégico en que nosotros actuamos. En efecto, las especificidades del cargo político, de las FFAA y del tipo de conflicto al que se aboca este sector, hacen que sea necesaria una redefinición de cuáles son los aspectos esenciales de un liderazgo estratégico en el ámbito que nos preocupa.
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Más de dos décadas después de que el rol de Oliver North en el asunto Irán-Contra saliera a la luz pública como parte de uno de los escándalos políticos más importantes de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, el embrollo sigue ofreciendo una visión crítica de los debates contemporáneos sobre los mecanismos de la política exterior y el papel de los militares. La responsabilidad de North como individuo, combinada con ciertos facilitadores institucionales que florecieron dentro de la conducción de la política exterior de la Administración Reagan, dieron lugar a una inexorable bifurcación entre el ethos tradicional de las fuerzas armadas estadounidenses y los objetivos y prácticas de política exterior de una administración conservadora, a pesar de que a veces se confunden en la mente popular. Este artículo explorará las tensiones entre el conservadurismo institucional y el político, así como esas prácticas institucionales, que facilitaron el alejamiento de North de los instintos y el entrenamiento de la esfera militar hacia el de un activismo de lobo solitario.
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A lo largo de las últimas décadas, los ejércitos de los países europeos han evolucionado de forma no concertada pero convergente, desarrollando las características comunes entre las que destaca la creciente integración de la mujer, tanto en la clase de tropa como en los escalafones de la oficialidad. Este trabajo realiza un ejercicio comparado de los distintos casos nacionales, estableciendo como elementos básicos de análisis los antecedentes de la presencia de las mujeres en el Ejército, la evolución normativa que ha amparado y regido su incorporación a filas, sus específicas dimensiones cuantitativas y cualitativas en los ejércitos, las diversas modalidades de acceso a las academias, las posibles limitaciones en la carrera profesional, y el nivel de evolución de determinadas políticas sociales que propician el desarrollo profesional y la conciliación familiar.
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El artículo repasa los compromisos asumidos por la OTAN, desde un punto de vista institucional y operacional, para asegurar el conocimiento y difusión de sus mandatos, especialmente en el campo de la gestión de crisis. En segundo lugar, examina las acciones de la UE en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y niñas que viven situaciones de conflicto en todas las esferas de sus políticas, incluida la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD). Por último, el artículo considera la progresiva ampliación de la perspectiva de género a las tres dimensiones de la OSCE: la político-militar, la económico-medioambiental y la dimensión humana. El ensayo culmina ofreciendo un balance de los logros conseguidos en estos últimos años por estas instituciones, así como los desafíos pendientes para continuar la correcta implementación de la Resolución 1325 en todas las actividades del mantenimiento y la construcción de la paz.
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El objetivo de esta investigación es responder a la pregunta: ¿Cuánto han avanzado los países sudamericanos en la aplicación de políticas de igualdad de oportunidades dentro de las Fuerzas Armadas? Para ello se abordó el estudio desde la perspectiva de equidad de género, revisando el estado de la cuestión a través del incremento de la incorporación de las mujeres dentro de las instituciones militares en la región. Sin embargo, un análisis histórico-cuantitativo resulta insuficiente para este enfoque. Para ello se complementó con uno cualitativo que permite analizar las políticas públicas específicas aplicadas en este ámbito para generar la igualdad de oportunidades y visualizar la situación de las mujeres dentro de las instituciones militares en Sudamérica. Finalmente, es necesario aclarar que el campo de estudio de los países sudamericanos escogidos excluye a Surinam, Guyana y Guyana Francesa por entender que la identificación cultural e histórica de los mismos con la región ha sido escasa o incluso hasta nula si la abordamos desde el ámbito específico de la defensa.
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Este ensayo explora los más de 230 años de desarrollo del sistema de justicia militar de Estados Unidos, un proceso que comenzó incluso antes de que se redactara la constitución del país. Examina las contribuciones a la jurisprudencia de otros países realizadas por el sistema de justicia de las fuerzas armadas estadounidenses y analiza algunas de las controversias más importantes que acompañan su desarrollo. También presenta algunas de las cuestiones contemporáneas a las que se enfrentan tanto las fuerzas armadas estadounidenses como la sociedad civil a principios del siglo XXI, cuando Estados Unidos lleva a cabo acciones contra actores no estatales hostiles que amenazan tanto la seguridad como los derechos humanos de las democracias de todo el mundo.
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Las fuerzas militares están siendo llamadas en Latinoamérica por parte de los gobiernos y la sociedad, para que contribuyan en la lucha contra los actores armados no estatales como son: las bandas criminales, narcotraficantes y terroristas. Para el cumplimiento de esa tarea existe la posibilidad de acciones en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Si los grupos armados que enfrentan los gobiernos reúnen ciertas características objetivas y existe la voluntad política, la aplicación del derecho internacional humanitario es viable, como lo ha demostrado Colombia; la norma es legítima y facilita la neutralización y el desmantelamiento de la amenaza.
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