Los estadounidenses están tan comprometidos con las elecciones y la democracia como el único camino legítimo hacia el poder político que a veces resulta difícil concebir la política por otros medios. Además, los responsables políticos estadounidenses tienden a creer que las elecciones ocupan un ámbito superior de autoridad moral, y esperan que, con los programas de ayuda a la democracia, América Latina y otras zonas en desarrollo "superen" las revoluciones, los golpes de estado, las huelgas generales y otras vías no electorales de acceso al poder. Sin embargo, como indica la cita de Silvert que figura a continuación, las vías no electorales pueden seguir utilizándose especialmente en circunstancias de crisis; además, estos medios extraelectorales pueden gozar tanto de legitimidad como de mandato constitucional. En este artículo ponemos a prueba estas proposiciones tal y como se aplican en América Latina.
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Este documento examina el golpe hondureño de 2009 como un caso de estudio de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos. La Carta, aprobada por unanimidad por la Organización en septiembre de 2001, consolidó y se basó en los esfuerzos anteriores de la OEA para apoyar y defender la democracia en el hemisferio. El estudio destaca las medidas adoptadas por la OEA y sus Estados miembros y examina las dificultades que tienen las organizaciones multilaterales para intentar llevar a cabo cambios democráticos dentro de un Estado. Aunque la OEA adoptó las medidas más severas permitidas por el acuerdo, el golpe no se revirtió. Las sanciones siguieron vigentes casi dos años después.
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Este trabajo académico ofrece un análisis de las preocupaciones y desafíos regionales presentados en la Declaración de Santa Cruz de la Sierra, como resultado de la IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CDMA) celebrada en Bolivia en 2010. Se centra en la importancia de la cooperación en materia de defensa y seguridad en la región, específicamente en el avance de la implementación de las medidas de promoción de la confianza y la seguridad recientemente aprobadas por el Consejo de Defensa Suramericano (CDC) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
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El tema de las relaciones civiles-militares tradicionalmente ha abordado, entendiéndolo como tal los procesos de relaciones entre civiles y militares. Pero el contexto actual en América Latina demanda que separemos esos procesos y entendamos su diferenciación, incidencia e influencia. Es en los Ministerios de Defensa donde de mejor manera se ejemplifican estos procesos. En el sentido vertical es la relación político-militar, como una dimensión de poder, donde los políticos deben ejercer la conducción política de la defensa y todas sus implicancias, y los militares, como asesores directos al tema, y ejecutores de la política militar con la supervisión política. Y las relaciones civiles-militares, como una dimensión horizontal, no implica ninguna relación de poder, sino de conocimiento. En algunos países donde se han gestado comunidades de defensa, pueden ser un espacio de consulta de esta política y otros temas de interés a los asuntos de defensa y militares
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El artículo se concentra en demostrar la relación directa que se establece entre gobernabilidad y seguridad en América Latina, a partir del rol de las instituciones democráticas. La descripción del marco sociopolítico de la región, es la base para la definición propia de estos conceptos entendidos como consecuencias deseadas, a la vez que permite conocer las fuentes estructurales de las dificultades para conseguirlas con éxito. La premisa fundamental es que será necesario recuperar el valor de las instituciones, por que es solamente a partir de la construcción de un espacio de acción colectivo, que las interacciones sociales toman cuerpo más allá de las voluntades particulares. Las instituciones, son el nexo entre una gobernabilidad efectiva y una seguridad formal y percibida como auténtica, por que cristalizan tres elementos que permiten lograr estos resultantes: la contención social, la representatividad y la confianza.
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El 29 de febrero de 2004, solo diez años después de la última intervención de Estados Unidos en Haití, la cual repuso en el cargo al Presidente Jean Bertrand Aristide, las fuerzas armadas de EE.UU. invadieron una vez más Haití para estabilizar el país después de la huída del Presidente Aristide, cuando la violencia se apoderaba del país. Sin embargo, a diferencia de los 20,000 soldados, significativos recursos y ambiciosos objetivos de la operación Uphold Democracy (Restaurar la Democracia) de 1994, esta última intervención se realizó con una fuerza mucho menor y con metas, objetivos, y expectativas mucho más limitadas por parte del gobierno estadounidense. Este trabajo analiza los acontecimientos que condujeron a EEUU a tomar la decisión de intervenir y los fundamentos que limitaron los objetivos y la participación de EEUU. Examina luego la planificación, organización, objetivos y eficacia de la Fuerza Internacional Provisional (MIF) y la transferencia de responsabilidad a la fuerza de estabilización de la ONU. El trabajo concluye con recomendaciones sobre la forma en que EEUU puede aumentar y reforzar la capacidad demostrada por Latinoamérica y el Caribe para las operaciones de seguridad colectiva en el futuro.
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El presente estudio considera la utilización de fuerzas multinacionales para ayudar a subsanar los infortunios políticos de Haití dando respuestas fundamentadas a dos preguntas de investigación: "¿Cómo llegaron las condiciones de seguridad de Haití a la presente situación?" y "¿Ha sido eficaz la fuerza multinacional al ayudar al gobierno de Haití en la búsqueda de democracia?" Analizando adecuadamente las respuestas a estas preguntas, del caso Haití pueden obtenerse valiosas enseñanzas que servirán para aportar conocimientos a los estados nacionales del hemisferio que procuran desarrollar las capacidades necesarias para participar en las actuales y futuras misiones multinacionales de mantenimiento de paz.
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