El terrorismo no se ha acabado en el Perú, se ha mutado, porque remanentes de Sendero Luminoso, organización terrorista que causó tanto daño al País, se han convertido, según los últimos estudios sociales, en una banda al servicio del narcotráfico, quienes todavía desangran al país de los incas, basándose en la clandestinidad, el temor que aún producen en lugares carentes de la presencia del Estado, donde cuasi enquistados en la geografía agreste de la selva peruana, vienen utilizando técnicas de guerrillas y de combate asimétrico para golpear a las fuerzas del orden y a las Instituciones Estatales, que tratan de impedir su nuevo modus operandi. Durante el gobierno anterior (2006-2010), se concientizó acerca de la amenaza a la gobernabilidad que el terrorismo representa, para ello establecieron políticas estratégicas enfocadas en la reestructuración de las formas de enfrentar los graves problemas que vienen originando, dando prioridad al accionar terrorista en los valles del rio Apurímac y Ene, ubicados en la parte sur del país, donde se concentra la mayor violencia, adicionando a las estrategias netamente militares otras que permitan el desarrollo de la zona y la presencia del Estado, sin embargo dejó de lado en la práctica, otra zona donde aún se mantienen hombres alzados en armas y que escudándose en sus reclamos socialistas protegen a los carteles que producen la droga, focalizados en la cuenca alta del río Huallaga, por lo que es necesario desarrollar políticas efectivas, concretas, cuantificables y parecidas a la de la zona sur a fin de apoyar a las Instituciones policiales y del Estado, que contrarrestan esta amenaza en esta parte del país, objetivo final que busca el presente escrito.
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Observamos que un incremento en las actividades del narcotráfico transnacional, a través de los cárteles mexicanos, está amenazando en diversa medida la seguridad nacional de Colombia, el Perú y Bolivia. Como resultado de ello, en la política de seguridad sub-regional andina con apoyo de los Estados Unidos debe elaborarse una nueva estrategia antidrogas multilateral que pueda enfrentar exitosamente los nuevos niveles de narcotráfico y violencia criminal ejercida por actores transnacionales no-estatales como es el caso de los cárteles mexicanos en la región andina.
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