Los gobiernos de América Latina han tenido que recurrir a sus Fuerzas Militares para combatir el crimen organizado. Los militares, muy respetados en la mayoría de las naciones latinoamericanas, tienen la disciplina y el poder de las armas para contrarrestar estos grupos. Sin embargo, el uso a los militares en operaciones policiales es una solución peligrosa. Soldados sin el entrenamiento o la educación adecuada, podrían incurrir en violaciones de derechos humanos y poner en riesgo la legitimidad de la institución castrense ante la sociedad civil. La experiencia de EEUU en Irak demuestra los riesgos de desplegar las fuerzas armadas que carecen de un entrenamiento apropiado. Utilizada incorrectamente, esta fuerza puede ser contraproducente y puede poner en peligro el objetivo estratégico más importante: el apoyo de la población. El respeto por los derechos humanos genera legitimidad que conduce a la colaboración y el apoyo ciudadano y oportunidades de inteligencia para las fuerzas militares.
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Para un informe especial sobre la Comisión, el jefe de publicaciones del Centro Perry, Patrick Paterson, se reunió con el profesor Richard Wilson, director de la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos del Washington College of Law, para hablar de los casos o informes más importantes en la historia de la Comisión. El profesor Wilson, conferenciante habitual del Centro Perry es un veterano observador de la Comisión y del Tribunal, donde él y sus alumnos han presentado más de 30 casos. De los miles de casos e informes de la Comisión, el profesor Wilson seleccionó algunos que le parecieron especialmente importantes o influyentes.
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Este artículo examina el papel, a menudo polémico, que la promoción de los derechos humanos ha desempeñado en la política exterior estadounidense en América Latina. Como país que lleva mucho tiempo interviniendo desde el Norte, Estados Unidos ha empleado muchas estrategias diferentes, que a menudo han dado lugar a la elección de participar en los conflictos internos de los países extranjeros en ayuda de uno u otro bando. En cuanto a los derechos humanos, lo cierto es que Estados Unidos no ha adoptado tantos tratados de derechos humanos como muchas otras naciones de América del Sur o Central. En un mundo globalizado y más vinculado que nunca, las naciones están adoptando prácticas de derechos humanos que prometen evitar que se produzcan injusticias como en el pasado, lo que supone una grata ruptura con el pasado violento de América Latina. Por múltiples razones, entre ellas las presiones internas y la creencia en el "excepcionalismo americano", Estados Unidos ha esquivado la plena participación en muchos documentos jurídicos y de derechos humanos internacionales, pero esta práctica ya ha empezado a perjudicar la cooperación internacional y la percepción de los objetivos estadounidenses en el extranjero. El autor concluye su análisis sugiriendo que Estados Unidos reconsidere su anterior desafío a hacer de los derechos humanos un principio de pleno derecho de su política exterior en favor de una nueva postura más cooperativa.
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La utilización de las fuerzas militares en la lucha contra todas las amenazas criminales que afectan las democracias es viable y necesaria, pero lo importante es saber cuándo y cómo se puede utilizar la fuerza como primera opción para no incurrir en un acto ilegitimo e ilegal. Este articulo desarrolla la aserción por primeramente reconocer los términos "derechos humanos" y la "ley humanitario internacional" y como se puede aplicar y refrenar las acciones de las fuerzas srmadas dentro del territorio de un país. Además, reconoce el peligro del tipo de guerra no tradicional actualmente ocurriendo contra las populaciones de unos países, y como deben reevaluar la misión de la policía y las fuerzas militares y adaptarla a las nuevas ambientes operativas. Finalmente, este articulo afronta las preguntas desalentadoras de cómo completar estas nuevas misiones con éxito dentro de parámetros legales, y como responder a las alegaciones y ataques del "enemigo" que pueden tomar el formo de tácticos políticas y judiciales.
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Las fuerzas militares están siendo llamadas en Latinoamérica por parte de los gobiernos y la sociedad, para que contribuyan en la lucha contra los actores armados no estatales como son: las bandas criminales, narcotraficantes y terroristas. Para el cumplimiento de esa tarea existe la posibilidad de acciones en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Si los grupos armados que enfrentan los gobiernos reúnen ciertas características objetivas y existe la voluntad política, la aplicación del derecho internacional humanitario es viable, como lo ha demostrado Colombia; la norma es legítima y facilita la neutralización y el desmantelamiento de la amenaza.
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