El objeto de la presente investigación es determinar desde una perspectiva sistémica, cómo las actividades del crimen organizado en el país están afectando su gobernanza y gobernabilidad. El autor propuesta que: Actualmente en El Salvador el crimen organizado (CO) en su afán por incrementar sus ganancias, el control de rutas de tráfico y mercados se ha configurado en un actor estratégico cuyas actividades están afectando la gobernanza y gobernabilidad del país al desestabilizar sus ámbitos político, económico y social. Esta investigación presenta un estudio comprensivo de la dinámica en que se encuentran inmersas las redes de CO y los efectos negativos de sus actividades en El Salvador. A la vez se identifican las vulnerabilidades del estado salvadoreño, así como los puntos débiles por donde estas nefastas organizaciones están permeando sus estructuras e instituciones. El autor concluya por decir que el Estado salvadoreño a pesar de sus esfuerzos, no da respuesta a los requerimientos y necesidades de seguridad de la población y que la continuación de este rumbo lo va llevar a perder gradualmente legitimidad, hasta entrar en una crisis de gobernabilidad. Él propuesta que la forma de superar esta dinámica viciosa sea recurrir a todos los recursos disponibles incluyendo en el esfuerzo, a la seguridad privada, debidamente controlada y regulada.
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Este artículo examina la relación entre unos tres elementos básicos de las relaciones internacionales - las regiones, los Estados, y la seguridad - con el ejemplo de América Central como un estudio de caso. El autor plantea que, efectivamente, la existencia de los Estados frágiles coincide con las medidas más amplias de la estabilidad, y aumentar los niveles de inseguridad tanto nacional y regional. A través de un estudio de la situación de la seguridad y la estabilidad en América Central, el autor explica los efectos de los gobiernos frágiles en un complejo de seguridad regional.
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Algunos casos relacionados con la lucha contra el terrorismo, entre otros, han desafiado algunas de las categorías del derecho internacional del uso de la fuerza, generando un enfrentamiento constante entre aquello que se considera legítimo y aquello que es legal. La invasión de los países aliados en Irak y Afganistán, la intervención de la OTAN en Kosovo y la incursión del estado colombiano en territorio ecuatoriano para atacar un campamento de la guerrilla de las FARC han puesto a prueba el régimen legal existente y subrayado algunas de sus limitaciones, cuestionando el tratamiento que se le ha dado a conceptos tales como "legítima defensa", "ataque armado", "necesidad" y "proporcionalidad". Existen alternativas para conjurar algunos de los problemas principales que se presentan, incluyendo la posibilidad de revisar la composición y procedimiento de toma de decisiones al interior del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La doctrina del uso de la fuerza preventiva, a la cual se ha recurrido en mayor grado por parte de los estados en la lucha contra el terrorismo, es un camino peligroso que amenaza con socavar derechos y de atentar contra libertades. Históricamente rechazada en general, no es aconsejable que la doctrina se fortalezca como institución de derecho público internacional.
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El golpe militar de junio de 2009 que destituyó al presidente democráticamente elegido, Manuel Zelaya, provocó el aislamiento internacional del gobierno provisional sucesor de Roberto Micheletti y meses de agitación política que no remitieron hasta la elección del actual presidente, Porfirio Lobo, en noviembre de 2009. La política hondureña se ha estabilizado en algunos aspectos importantes desde la toma de posesión de Lobo: La economía se ha recuperado lentamente, y el Acuerdo de Cartagena de 2011 firmado por Lobo y Zelaya ha reintegrado políticamente al ex presidente de izquierdas a través de su nuevo Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y ha reintegrado a Honduras en la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, la democracia reconstruida de Honduras es frágil. El aumento de la delincuencia y la pobreza sin paliativos han diezmado los índices de aprobación del presidente Lobo y han fomentado la desconfianza generalizada en las instituciones democráticas. En la medida en que el LIBRE de Zelaya sea capaz de capitalizar este descontento en las próximas elecciones de 2013, estas instituciones se verán seriamente puestas a prueba.
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Este trabajo fue presentado en la Fundación Ciudadanía y Valores (FUNCIVA) en Madrid, España, el 11 de febrero de 2010.
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Este ensayo explora los más de 230 años de desarrollo del sistema de justicia militar de Estados Unidos, un proceso que comenzó incluso antes de que se redactara la constitución del país. Examina las contribuciones a la jurisprudencia de otros países realizadas por el sistema de justicia de las fuerzas armadas estadounidenses y analiza algunas de las controversias más importantes que acompañan su desarrollo. También presenta algunas de las cuestiones contemporáneas a las que se enfrentan tanto las fuerzas armadas estadounidenses como la sociedad civil a principios del siglo XXI, cuando Estados Unidos lleva a cabo acciones contra actores no estatales hostiles que amenazan tanto la seguridad como los derechos humanos de las democracias de todo el mundo.
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En Latinoamérica, como en cualquier otra parte del mundo, se ha demostrado que la corrupción política está tan arraigada que es sumamente resistente a todo cambio, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados en materia de reforma legal y procesos penales. Esta monografía propone una explicación de esta poderosa resistencia al cambio en términos de cuatro atroces ciclos entrelazados. Una vez iniciado, cada ciclo se perpetúa y reafirma a los otros tres. Estos maliciosos ciclos abarcan (a) la economía informal, que consume ingresos del tesoro estatal, (b) la falta de transparencia en las negociaciones internacionales, (c) el delito organizado, que corrompe al sistema judicial y (d) el sistema de patrocinio de los nombramientos políticos. En función de un análisis de la conducta dinámica de todo el sistema, proponemos una explicación de las razones por las que la mayoría de los intentos de reforma fracasan y cómo se puede formular una estrategia acertada. Casi todas los conocimientos vertidos en esta monografía fueron obtenidos en la serie de seminarios de estrategia nacional NationLab realizados en ocho países de Latinoamérica.
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El trabajo analiza el marco jurídico regulatorio de las relaciones entre la Fuerzas Armadas y el Congreso, y el rol que le cabe al Ministerio de Defensa. Este análisis se realiza considerando los factores culturales y políticos que conforman este marco. El análisis concluye que la autoridad del Presidente de la República ha sido y continuará siendo un elemento de gran relevancia en la conformación de las normas que regulan las relaciones de poder, afectando la influencia y autoridad del Congreso sobre las Fuerzas Armadas. No obstante esta observación, el estudio deja en evidencia la existencia de un conjunto de normas que permiten una relación fluida entre el Poder Legislativo con las ramas castrenses, al menos en términos de establecer canales de información y comunicación para el cumplimiento de las tareas legislativas, fiscalizadoras e investigadoras. Estas normas, sin embargo, limitan la labor del Congreso en materias presupuestarias y de conformación y organización de la fuerza militar. Finalmente, el trabajo propone avanzar hacia una mayor institucionalización en estas relaciones, fortaleciendo la función de asesoría a las autoridades llamadas a participar en éstas, como también creando procedimientos para que el Ministerio de Defensa Nacional participe eficientemente en estas relaciones.
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