El 8 de junio, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) y el Centro Perry abordaron conjuntamente el complejo fenómeno del crimen organizado discutiendo los principales impulsores de la actividad ilícita y su financiamiento tanto a nivel regional como nacional.
La profesora Celina Realuyo del WJPC describió la evolución del crimen organizado transnacional y la globalización de las redes criminales y las cadenas de suministro en la era del COVID-19. Mencionó los desafíos que contribuyen en América Latina como instituciones débiles, desigualdad, corrupción, desastres naturales, actores externos, redes ilícitas e inseguridad ciudadana. La profesora Realuyo también expuso sobre la convergencia de redes ilícitas y su relación con la globalización del narcotráfico, la trata de personas y la migración global irregular que contribuyen a las altas tasas de violencia y pobreza en América Latina. También se abordó el impacto del COVID-19 en la salud y seguridad públicas, así como en los grupos criminales transnacionales. La profesora Realuyo concluyó destacando la continua necesidad de cooperación interagencial e internacional para combatir el crimen organizado transnacional en el nuevo orden mundial en las Américas.
El Comisario Patricio Navarro Poblete, jefe del Departamento de Investigación de Sustancias Químicas Controladas (DISUQ), Jefatura Nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, Policía de Investigaciones de Chile (PDI), brindó un panorama de los diferentes departamentos y sus funciones dentro de la Dirección General de dicha entidad. El comisario Navarro siguió con una detallada explicación de las principales manifestaciones del crimen organizado, comentando que «el crimen organizado no es el mismo para todos los países» e incluyó tendencias y puntos de inflexión, así como la relación con las asociaciones ilícitas. Agregó que Chile es un punto estratégico de entrada y salida de drogas a otros continentes. Navarro incluyó un análisis del complicado proceso de las principales redes de distribución e incautación de drogas, incluido el tráfico marítimo y los vínculos con Colombia, México y otras naciones, concluyendo su intervención con una sinopsis de la legislación pendiente en Chile.
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