Las recientes voces políticas y académicas que denuncian la reemergencia del poder de los militares latinoamericanos como una amenaza contra la democracia se basan en la expansión de las misiones de los uniformados en áreas como la lucha contra el narcotráfico y su papel en crisis como la sucedida en Bolivia. Sin embargo, estas preocupaciones no se ajustan a la realidad de unas fuerzas armadas que han visto reducido dramáticamente sus recursos durante las pasadas décadas y están bajo el control de los gobiernos civiles. En realidad, el nuevo protagonismo de los uniformados tiene menos que ver con un incremento de su influencia política y más con los pobres resultados de los intentos por modernizar las administraciones civiles latinoamericanas. Este fracaso los ha convertido en un instrumento clave de los gobiernos civiles para responder a una crisis, sea esta una emergencia de salud pública o una oleada de criminalidad. Bajo estas circunstancias, resulta fundamental que los gobiernos de la región fortalezcan los mecanismos de control y conducción de las fuerzas armadas con miras a poder hacer uso de sus recursos para afrontar los que prometen ser unos años cargados de inestabilidad y violencia en la región.
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Con la finalidad de proporcionar claridad del marco teórico de los conceptos empleados en este ensayo conceptualizaremos el estado de derecho con base en The Origins of Polical Order (Fukuyama, 2011), es decir, como cuerpo abstracto de reglas de justicia fundamentadas en valores y no en la legislación como ejercicio de la función del poder político. Sin embargo, el empleo de la combinación del sistema civil y el derecho consuetudinario en el ciberespacio en la Unión Europea ha permitido un mejor desempeño del marco legal para el control y la aplicación del Estado de derecho.
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El comercio de drogas ilícitas en América ha ido evolucionando y expandiéndose desde estupefacientes de origen vegetal como la cocaína, la heroína y la marihuana hasta potentes sustancias sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina. Desde la década de 1980, la guerra estadounidense contra las drogas se centró en combatir el tráfico de cocaína que hizo inmensamente ricos y poderosos a los cárteles colombianos y mexicanos. En la última década, el consumo de estupefacientes en Estados Unidos se ha desplazado significativamente de la cocaína a los opioides y la metanfetamina, lo que ha dado lugar a una epidemia de opioides sin precedentes con 72.037 muertes por sobredosis de drogas registradas en 2017 según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Mientras tanto, los cárteles mexicanos trafican cada vez más opioides y sintéticos para responder a los cambios del mercado en EEUU La atomización de los grandes cárteles y el aumento de la competencia para dominar las rutas de tráfico dieron lugar a niveles récord de violencia en México con 29.111 homicidios registrados en 2018. La fallida operación del gobierno mexicano del 17 de octubre de 2019 para capturar a uno de los hijos de El Chapo Guzmán demostró cómo el cártel de Sinaloa superó en armamento a las fuerzas de seguridad mexicanas y aterrorizó a la ciudad de Culiacán durante horas. Este documento examinará la evolución del comercio de drogas en todo el continente americano, desde las drogas de origen vegetal hasta las drogas sintéticas, el papel de la Darknet como multiplicador de fuerza para el mercado de narcóticos, y los esfuerzos nacionales e internacionales de Estados Unidos y México para abordar el dinámico comercio de drogas y la violencia asociada.
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Estados Unidos desembolsa miles de millones de dólares en su programa de cooperación en materia de seguridad para desarrollar "fuerzas de seguridad profesionales, responsables y capaces" en otros países, como parte de una gran estrategia para mejorar la estabilidad mundial y contrarrestar el extremismo violento. Sin embargo, a pesar de su gran inversión en la profesionalización de ejércitos extranjeros, Estados Unidos carece de una definición funcional de profesionalismo militar, un término que hasta ahora se ha considerado demasiado vago y polifacético como para operacionalizarlo. En este artículo, el autor trata de remediar esta omisión, basándose en veinte años de trabajo de campo sobre cooperación en materia de seguridad en América Latina y África, así como en una enérgica revisión bibliográfica, para definir cuatro componentes importantes de la profesionalidad militar: (1) educación militar formal y formación profesional, (2) subordinación militar a funcionarios civiles electos, (3) conocimiento y práctica del derecho de los conflictos armados y de la legislación sobre derechos humanos, y (4) un programa claramente establecido de ética militar profesional. Este artículo proporciona directrices para los funcionarios estadounidenses y europeos que trabajan con países socios para desarrollar fuerzas militares más profesionales y, en particular, para los funcionarios que gestionan programas de ayuda a la seguridad con países en vías de desarrollo.

Paterson, Patrick. “Medición del profesionalismo militar en países socios: Orientación para funcionarios de asistencia en materia de seguridad.” Journal of Military Ethics 18 (2) 2019: 145-63.

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Este artículo reseña Los Zetas Inc: Corporaciones criminales, energía y guerra civil en México, de Guadalupe Cabrera-Correa. Su libro intenta abordar algunas de las imprecisiones de las descripciones periodísticas de las actividades del crimen organizado. La reseña cuestiona algunas de las hipótesis de la autora, en particular la caracterización del contexto actual de México como uno en medio de una "nueva" guerra civil.
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