Esta presentación por el Ministro de Defense de la República de El Salvador fue hecho el 7 de julio de 2010 a la 6ª Conferencia Sub-Regional para Mesoamérica, realizada entre 20 y 23 de julio en San Salvador y organizada por el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa (CHDS).
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Este ensayo explora los más de 230 años de desarrollo del sistema de justicia militar de Estados Unidos, un proceso que comenzó incluso antes de que se redactara la constitución del país. Examina las contribuciones a la jurisprudencia de otros países realizadas por el sistema de justicia de las fuerzas armadas estadounidenses y analiza algunas de las controversias más importantes que acompañan su desarrollo. También presenta algunas de las cuestiones contemporáneas a las que se enfrentan tanto las fuerzas armadas estadounidenses como la sociedad civil a principios del siglo XXI, cuando Estados Unidos lleva a cabo acciones contra actores no estatales hostiles que amenazan tanto la seguridad como los derechos humanos de las democracias de todo el mundo.
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El compromiso de China con América Latina en materia de satélites, lanzamientos espaciales y tecnología espacial es limitado, pero se está expandiendo rápidamente, siguiendo la lógica que China ha seguido en otros sectores de importancia estratégica de construir relaciones de forma incremental y aprovechar las oportunidades iniciales para desarrollar y probar capacidades. Este artículo analiza la creciente relación de China con América Latina en el ámbito en términos de cuatro países: (1) aquellos con capacidades espaciales limitadas que no persiguen activamente programas espaciales, con los que la RPC tiene pocos lazos relacionados con el espacio, (2) regímenes populistas como Venezuela y Bolivia que compran paquetes completos de sistemas satelitales y servicios de lanzamiento de la RPC, (3) otros países que desarrollan capacidades espaciales, en los que China ha buscado ser proveedor de servicios o socio tecnológico, incluyendo Argentina, Chile, México y Perú, y (4) Brasil como potencia regional emergente con un programa espacial multidimensional, que ha cooperado con la RPC tanto en el desarrollo de satélites como en el lanzamiento a través del programa CBERS. En general, al aprovechar las oportunidades de negocio con Brasil y los regímenes populistas de la región, la RPC está ganando terreno en el mercado de los satélites comerciales y de los servicios de lanzamiento, y los equipos, el personal y los sistemas espaciales chinos se están convirtiendo en parte de la infraestructura de América Latina, con importantes implicaciones para Estados Unidos y la región.
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Este documento examina la amenaza del ciberespionaje para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El ciberespionaje en este documento se centra en el robo de información a través de Internet, redes u ordenadores individuales. Es sólo una faceta del panorama más amplio de las ciberamenazas que deben tener en cuenta los profesionales de la seguridad nacional. La amenaza existe para los intereses gubernamentales y comerciales. Este documento utiliza la metodología de análisis de riesgos del Departamento de Seguridad Nacional, tal y como se expone en el Informe del Servicio de Investigación del Congreso al Congreso (Masse, O'Neill, & Rollins, 2007). Este enfoque del riesgo considera los factores de amenaza, vulnerabilidad y consecuencias. A continuación, se considera la formulación a la luz de incidentes recientes como los de GhostNet y Google. Por último, el documento propone posibles opciones técnicas y políticas para que los líderes las apliquen con el fin de mitigar el riesgo para la seguridad nacional del ciberespionaje.
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La expansión de bandas transnacionales como la Mara Salvatrucha representa una amenaza constante para la seguridad y la estabilidad de Centroamérica. Estas bandas han demostrado una notable capacidad de adaptación, ascendiendo en la escala de las empresas criminales desde su creación a finales de los años ochenta en el sur de California. El modelo de las "tres generaciones" de bandas ha proporcionado una imagen clara de su pasado y ha permitido vislumbrar sus operaciones futuras. Este modelo, combinado con la creciente influencia de los cárteles mexicanos, la globalización de las maras y la nueva sofisticación del modus operandi de las maras, demuestran una amenaza aún más peligrosa para la seguridad regional: la posibilidad de que las maras, cada vez más sofisticadas y cohesionadas, se alíen más estrechamente con los cárteles mexicanos, o quizás desarrollen su propio sistema similar al de los cárteles en Centroamérica.
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Brasil avanzó la propuesta del Consejo de Defensa Sudamericano poco antes de la cumbre que creó UNASUR. Se aprobó unos meses después con motivo de otra cumbre. El Consejo de Defensa no tiene precedentes en la región y desafía a los estados miembros a diseñar juntos la política exterior. Teniendo en cuenta la historia de los acuerdos de seguridad y defensa en el hemisferio, el liderazgo brasileño en materia de seguridad y defensa es un nuevo e interesante paso hacia el regionalismo. Además del Consejo, durante el gobierno de Lula da Silva también ha habido otros intentos de construcción de gobernanza dentro y fuera de la región bajo el liderazgo brasileño. Dado que el tema del liderazgo es recurrente, especialmente desde el gobierno militar en Brasil, ¿hay vino viejo en botellas nuevas? ¿Por qué Brasil? ¿Por qué ahora? son las principales preguntas de investigación de este trabajo, que también analiza el diseño y las funciones de las instituciones. Se exploran tanto la distinción como la conexión entre defensa y seguridad, junto con un examen del liderazgo y el regionalismo en la política exterior brasileña y su reciente movimiento hacia la creación de instituciones para tratar asuntos de seguridad y defensa de forma multilateral. El documento sugiere que el hecho de que el Consejo se incline más por tratar cuestiones dentro o fuera de la región es un factor clave para las perspectivas de su eficacia y resistencia.
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La política de seguridad democrática, cuyo propósito original es la garantía de la seguridad de los ciudadanos y el Estado de derecho, el orden institucional y el fortalecimiento del Estado, junto con la garantía del ejercicio democrático mediante la seguridad, ha tenido notable impacto nacional, regional y mundial. Ha puesto en muchos momentos la lucha colombiana contra el terrorismo en el escenario internacional y varias de sus acciones se han manifestado en escenarios internacionales. La política de seguridad democrática (PSD), implementada desde el año 2003 por el presidente Álvaro Uribe Vélez durante sus dos periodos de gobierno, se ha convertido en el símbolo de su administración y en la piedra angular de los éxitos de su gestión. En la búsqueda por retornar al país al orden y traer seguridad al pueblo colombiano, ha pasado de ser una política de gobierno a un pilar de la acción del Estado colombiano y se ha convertido en un elemento insustraible del ejercicio del Ejecutivo, al punto de ser uno de los elementos comunes de continuidad en las propuestas de casi todos los candidatos presidenciales y del nuevo gobierno, elegido en junio del 2010.
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Las fuerzas militares están siendo llamadas en Latinoamérica por parte de los gobiernos y la sociedad, para que contribuyan en la lucha contra los actores armados no estatales como son: las bandas criminales, narcotraficantes y terroristas. Para el cumplimiento de esa tarea existe la posibilidad de acciones en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Si los grupos armados que enfrentan los gobiernos reúnen ciertas características objetivas y existe la voluntad política, la aplicación del derecho internacional humanitario es viable, como lo ha demostrado Colombia; la norma es legítima y facilita la neutralización y el desmantelamiento de la amenaza.
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El tema de las relaciones civiles-militares tradicionalmente ha abordado, entendiéndolo como tal los procesos de relaciones entre civiles y militares. Pero el contexto actual en América Latina demanda que separemos esos procesos y entendamos su diferenciación, incidencia e influencia. Es en los Ministerios de Defensa donde de mejor manera se ejemplifican estos procesos. En el sentido vertical es la relación político-militar, como una dimensión de poder, donde los políticos deben ejercer la conducción política de la defensa y todas sus implicancias, y los militares, como asesores directos al tema, y ejecutores de la política militar con la supervisión política. Y las relaciones civiles-militares, como una dimensión horizontal, no implica ninguna relación de poder, sino de conocimiento. En algunos países donde se han gestado comunidades de defensa, pueden ser un espacio de consulta de esta política y otros temas de interés a los asuntos de defensa y militares
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