El Ecuador ha sido uno de los últimos países en la región en tener como ministro de la defensa a un civil. Tradicionalmente esta tarea ha sido entregada a militares retirados. El tema militar fue y sigue siendo un área poco apetecida para ser aprendida por la sociedad civil y académica. El mismo Presidente Correa ha aceptado conocer muy poco sobre temas de seguridad, a tal punto que en una de sus intervenciones semanales en los medios de comunicación ha ofrecido leer y aprender más sobre el tema. Sin embargo de conocer poco del tema — como él lo admite — durante su gobierno se designó por primera vez en más de 35 años a un ministro civil para la defensa. Hasta el momento en su gobierno dos ministras han sido mujeres — una de las cuales murió en un accidente de un helicóptero militar. El actual ministro es un ex periodista que, a través de su columna en uno de los periódicos de alcance nacional era un crítico—para algunos a veces injusto—de las actividades de las FFAA.
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En Venezuela, el tema de las relaciones entre civiles y militares ha sido tradicionalmente muy polémico. El origen de la controversia es complejo, pero básicamente se trata del problema histórico relacionado con la significación política que los militares han jugado en la conformación del Estado y el lugar que deben ocupar en la sociedad venezolana. Pero, en lo fundamental, el liderazgo político civil venezolano no tuvo, ni ha tenido hasta ahora, la capacidad, el interés, la voluntad y claridad política, consistencia conceptual y convicción doctrinaria, e incluso hasta la necesidad de implementar un conjunto de mecanismos y técnicas para ejercer un efectivo control civil sobre el histórico potencial pretoriano de los militares venezolanos. De tal manera que, se puede afirmar que en materia de relaciones civiles y militares venezolanas, luego del fracaso del pretorianismo gobernante del dictador Marcos Pérez Jiménez, no hemos tenido un real y verdadero control civil sobre los militares. Al contrario, lo que hemos tenido es un entendimiento, acuerdo, fusión, alianza y simbiosis militar-civil y político-militar; no escrita, pero sí operante y efectiva. Después de varios siglos de barbarie, atraso e incivilización puede que el siglo XXI sea para Venezuela el siglo de la derrota definitiva del virus del pretorianismo y la supremacía final de la sociedad civil venezolana sobre los militares y sus instituciones armadas.
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Los estadounidenses están tan comprometidos con las elecciones y la democracia como el único camino legítimo hacia el poder político que a veces resulta difícil concebir la política por otros medios. Además, los responsables políticos estadounidenses tienden a creer que las elecciones ocupan un ámbito superior de autoridad moral, y esperan que, con los programas de ayuda a la democracia, América Latina y otras zonas en desarrollo "superen" las revoluciones, los golpes de estado, las huelgas generales y otras vías no electorales de acceso al poder. Sin embargo, como indica la cita de Silvert que figura a continuación, las vías no electorales pueden seguir utilizándose especialmente en circunstancias de crisis; además, estos medios extraelectorales pueden gozar tanto de legitimidad como de mandato constitucional. En este artículo ponemos a prueba estas proposiciones tal y como se aplican en América Latina.
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Este documento examina el golpe hondureño de 2009 como un caso de estudio de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos. La Carta, aprobada por unanimidad por la Organización en septiembre de 2001, consolidó y se basó en los esfuerzos anteriores de la OEA para apoyar y defender la democracia en el hemisferio. El estudio destaca las medidas adoptadas por la OEA y sus Estados miembros y examina las dificultades que tienen las organizaciones multilaterales para intentar llevar a cabo cambios democráticos dentro de un Estado. Aunque la OEA adoptó las medidas más severas permitidas por el acuerdo, el golpe no se revirtió. Las sanciones siguieron vigentes casi dos años después.
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La utilización de las fuerzas militares en la lucha contra todas las amenazas criminales que afectan las democracias es viable y necesaria, pero lo importante es saber cuándo y cómo se puede utilizar la fuerza como primera opción para no incurrir en un acto ilegitimo e ilegal. Este articulo desarrolla la aserción por primeramente reconocer los términos "derechos humanos" y la "ley humanitario internacional" y como se puede aplicar y refrenar las acciones de las fuerzas srmadas dentro del territorio de un país. Además, reconoce el peligro del tipo de guerra no tradicional actualmente ocurriendo contra las populaciones de unos países, y como deben reevaluar la misión de la policía y las fuerzas militares y adaptarla a las nuevas ambientes operativas. Finalmente, este articulo afronta las preguntas desalentadoras de cómo completar estas nuevas misiones con éxito dentro de parámetros legales, y como responder a las alegaciones y ataques del "enemigo" que pueden tomar el formo de tácticos políticas y judiciales.
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