Los gobiernos de América Latina han tenido que recurrir a sus Fuerzas Militares para combatir el crimen organizado. Los militares, muy respetados en la mayoría de las naciones latinoamericanas, tienen la disciplina y el poder de las armas para contrarrestar estos grupos. Sin embargo, el uso a los militares en operaciones policiales es una solución peligrosa. Soldados sin el entrenamiento o la educación adecuada, podrían incurrir en violaciones de derechos humanos y poner en riesgo la legitimidad de la institución castrense ante la sociedad civil. La experiencia de EEUU en Irak demuestra los riesgos de desplegar las fuerzas armadas que carecen de un entrenamiento apropiado. Utilizada incorrectamente, esta fuerza puede ser contraproducente y puede poner en peligro el objetivo estratégico más importante: el apoyo de la población. El respeto por los derechos humanos genera legitimidad que conduce a la colaboración y el apoyo ciudadano y oportunidades de inteligencia para las fuerzas militares.
