Desde la Independencia a principios de los 1960, ha habido cambios notables en los ámbitos internacionales y regionales, muchos de los cuales tienen importantes implicaciones para la seguridad de los países del Caribe. Algunos de estos cambios están asociados a los problemas del aumento del tráfico de armas y drogas, el desarrollo del crimen organizado transnacional, el incremento de la violencia y la corrupción de instituciones importantes del Estado, incluyendo los sistemas de justicia penal. A pesar de estos cambios y los nuevos desafíos a la seguridad asociados con ellos, ha sido poco el esfuerzo por revisar la política de seguridad nacional y debidamente reformar, de hecho reconfigurar y transformar los servicios de seguridad, para cumplir con las prioridades actuales de la era postcolonial. Este trabajo presenta un esquema para una reconversión más racional de la institución de la seguridad de Jamaica. Se argumenta a favor de una transformación algo radical de las fuerzas de seguridad y un sistema policial que resultaría en mejor control del crimen, un tratamiento más justo de la ciudadanía y que utilizaría mejor los escasos recursos disponibles para la seguridad nacional.
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Este artículo analiza el tratamiento conceptual de la seguridad en el Caribe, examina la naturaleza del escenario de la seguridad en la región y sugiere algunas áreas de seguridad pública que ameritan más atención. Con respecto al primero, discute que el tratamiento Realista tradicional de la seguridad --con su enfoque en la variable militar, el Estado como la unidad de análisis y amenazas externas-- no es aplicable a la región caribeña. Un paradigma apropiado sería más bien, uno que vaya más allá del Realismo, tomando en cuenta las variables económicas y políticas, tanto los actores estatales como los no estatales, y amenazas internas además de las externas. Con respecto al escenario de la seguridad, considera que las amenazas y desafíos a la seguridad incluyen disputas fronterizas, drogas, inestabilidad política y el crimen. Este trabajo hace hincapié en que el asunto de las drogas no es unidimensional, sino que incluye producción, tráfico, abuso, lavado de dinero, corrupción y crimen local y organizado. También se presta atención al terrorismo, señalando el impacto en el Caribe del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001. En cuanto a las áreas que ameritan más atención, el artículo sugiere la necesidad de hacer distinciones en el uso de los términos "seguridad nacional", "defensa nacional", y "seguridad pública". Además, recomienda más trabajo teórico y orientado hacia la política sobre los actores en la seguridad pública y sus respuestas, y sobre el crimen, la seguridad privada y las implicaciones para la seguridad del VIH/SIDA.
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Después del peor ataque terrorista hasta la fecha, muchos están debatiendo la mejor manera de combatir lo que algunos llaman la nueva guerra del Siglo XXI. El Embajador Javier Rupérez comenta sobre cómo el mundo debe responder a los eventos del 11 de septiembre, basándose en lo aprendido en la lucha de España contra el terrorismo durante los últimos 30 años. El embajador propone acción internacional abrumadora y efectiva contra el terrorismo en todas sus formas y dondequiera que ocurra. En esa acción, insiste que los gobiernos democráticos deben defender el imperio de la ley, porque si la sociedad no mantiene su superioridad moral en esta guerra, se convirtirá en una víctima fácil para actos de terrorismo en el futuro.
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Las fuerzas armadas de Canadá tienen una política singular de franqueza y accesabilidad, puesta en práctica en 1998 para volver a ganar la confianza del público en las fuerzas armadas del país después de una serie de fracasos debilitadores en las relaciones públicas a mediados de los 1990s. Éstos en gran parte se debían a incidencias de mala conducta entre las tropas durante un despliegue de la ONU en 1992. Aunque la política es bienvenida, no ha podido eliminar algunas de las antiguas dificultades que los periodistas típicamente experimentan cuando tratan de obtener información de los departamentos gubernamentales.
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