Esta presentación por el Ministro de Defense de la República de El Salvador fue hecho el 7 de julio de 2010 a la 6ª Conferencia Sub-Regional para Mesoamérica, realizada entre 20 y 23 de julio en San Salvador y organizada por el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa (CHDS).
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La política de seguridad democrática, cuyo propósito original es la garantía de la seguridad de los ciudadanos y el Estado de derecho, el orden institucional y el fortalecimiento del Estado, junto con la garantía del ejercicio democrático mediante la seguridad, ha tenido notable impacto nacional, regional y mundial. Ha puesto en muchos momentos la lucha colombiana contra el terrorismo en el escenario internacional y varias de sus acciones se han manifestado en escenarios internacionales. La política de seguridad democrática (PSD), implementada desde el año 2003 por el presidente Álvaro Uribe Vélez durante sus dos periodos de gobierno, se ha convertido en el símbolo de su administración y en la piedra angular de los éxitos de su gestión. En la búsqueda por retornar al país al orden y traer seguridad al pueblo colombiano, ha pasado de ser una política de gobierno a un pilar de la acción del Estado colombiano y se ha convertido en un elemento insustraible del ejercicio del Ejecutivo, al punto de ser uno de los elementos comunes de continuidad en las propuestas de casi todos los candidatos presidenciales y del nuevo gobierno, elegido en junio del 2010.
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Las fuerzas militares están siendo llamadas en Latinoamérica por parte de los gobiernos y la sociedad, para que contribuyan en la lucha contra los actores armados no estatales como son: las bandas criminales, narcotraficantes y terroristas. Para el cumplimiento de esa tarea existe la posibilidad de acciones en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Si los grupos armados que enfrentan los gobiernos reúnen ciertas características objetivas y existe la voluntad política, la aplicación del derecho internacional humanitario es viable, como lo ha demostrado Colombia; la norma es legítima y facilita la neutralización y el desmantelamiento de la amenaza.
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La incorporación de la mujer a grupos terroristas ha ocurrido de forma dispar y con compromisos caracterizados por ritmos paulatinos. Este trabajo aborda el problema heurísticamente desde una perspectiva culturalista, que tiene como eje explicativo la relación hombre-mujer. Se constata que mujeres líderes de organizaciones terroristas, o protagonistas de actos emblemáticos, constituyen más bien una rareza, excepto en las experiencias salvadoreña y alemana; ambos con connotaciones cuasi épicas. Entre las claves explicativas se propone la influencia ambiental del machismo de la época, especialmente en América Latina, y reflejado tanto en los albores mismos de la guerrilla cubana como luego en los diversos focos insurreccionales. La influencia ambiental actuaría como gran factor inhibitorio. A su vez, el internacionalismo proletario que fundamentó la proliferación de tales focos pareciera haber sido, en lo medular, cosa de hombres. No hay registro de mujeres (ni siquiera cubanas) luchando al lado del mítico Ché en Bolivia; tampoco que alguna líder revolucionaria haya acompañado a Guevara en sus periplos previos por el Congo, Argelia y otros. Una segunda gran constatación apunta a explicar la irrupción de mujeres como terroristas suicidas en tanto producto para el consumo comunicacional. La crudeza de esta incorporación de la mujer a las grandes causas terroristas chechena y palestina provoca más bien espanto y plantea una duda muy pertinente, si dicha fase responde a un constructo o a una integración fidedigna a la causa que aparentan abrazar.
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El tema de las relaciones civiles-militares tradicionalmente ha abordado, entendiéndolo como tal los procesos de relaciones entre civiles y militares. Pero el contexto actual en América Latina demanda que separemos esos procesos y entendamos su diferenciación, incidencia e influencia. Es en los Ministerios de Defensa donde de mejor manera se ejemplifican estos procesos. En el sentido vertical es la relación político-militar, como una dimensión de poder, donde los políticos deben ejercer la conducción política de la defensa y todas sus implicancias, y los militares, como asesores directos al tema, y ejecutores de la política militar con la supervisión política. Y las relaciones civiles-militares, como una dimensión horizontal, no implica ninguna relación de poder, sino de conocimiento. En algunos países donde se han gestado comunidades de defensa, pueden ser un espacio de consulta de esta política y otros temas de interés a los asuntos de defensa y militares
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Durante las próximas tres décadas se producirá el cambio geopolítico más trascendente de los últimos siglos: el incremento del poder asiático y la restructuración del sistema de relaciones internacionales. Este trabajo pretende mostrar cómo, por qué y con qué consecuencias se está ya produciendo una progresiva transferencia de influencia y un desplazamiento de los centros de poder hacia la región. Para analizarlo se señalarán las razones en las que se basa el ascenso del conjunto asiático en el escenario global y los cambios estructurales que produce su incorporación; se estudiarán los principales instrumentos de proyección hacia el resto del mundo y, de forma más detallada, se verán las repercusiones estratégicas que tiene para las Américas la emergencia de un nuevo sistema de relaciones internacionales: el sistema eastphaliano.
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Dos acontecimientos sucedidos en 2008 hicieron notar cambios sustanciales en el sistema internacional: La invasión rusa de Georgia y la crisis financiera internacional; ambas recalcaron la impotencia de las instituciones internacionales para afrontar dichos acontecimientos. La guerra en Georgia dejó en claro que las medias unilaterales norteamericanas, que incluyen un despliegue norteamericano en las zonas de influencia tradicionalmente rusa, revitalizaron las relaciones de éste país con los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai, al fin de proponer una visión regional en cuestiones de seguridad internacional. Por otro lado, la crisis financiera originada en los EEUU ha repercutido en la economía mundial ocasionando, entre otros efectos, la volatilidad de los precios internacionales de las materias primas y la retracción de las inversiones en las economías emergentes. Los gobiernos están tratando de aplicar medidas correctivas ad intra mientras buscan, en lo externo, crear condiciones para estabilizar la situación financiera desde una perspectiva de cooperación. En este marco, la hegemonía norteamericana sin el complemento multilateralista, que significa contar con legitimidad internacional, es una invitación a la generación de contrapesos estratégicos. Desde la perspectiva del realismo crítico de la unilateralidad geoestratégica, como la de la guerra de Irak, sostiene que si se quiere gobernar al mundo, se debe apostar al multilateralismo.
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Este artículo busca analizar los marcos y las formas de cooperación entre fuerzas militares y fuerzas de policía en el mundo contemporáneo caracterizado por una militarización creciente del campo de la seguridad pública. La correlación entre militares y policías no solo se ha dado en misiones de consolidación de la paz bajo la batuta de organismos multilaterales como la ONU y la OTAN, sino también en la lucha contra el crimen organizado, todos los tráficos ilegales, la insurgencia y el terrorismo que se han entremezclado obligando a los gobiernos a dar respuestas interagenciales coordinadas lo que ha llevado a que la frontera entre la defensa llana y la seguridad ciudadana pura se haya diluido. Esta propuesta analiza estas dos variantes de la cooperación y coordinación policial-militar. A pesar de las diferencias en ethos, cultura, misiones y potencia de fuego, las acciones combinadas de ambos cuerpos han sido esenciales para restablecer, primero, el estado de derecho y la reconstrucción institucional y, segundo, para enfrentar las nuevas amenazas a la seguridad nacional. Sin embargo, poco se conoce sobre las acciones combinadas ejército-policía en América Latina contra el terrorismo y el narcotráfico. Este proyecto busca ahondar con detalle en este último aspecto.
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En Sudamérica se suceden sin pausa los intentos por establecer una nueva institucionalidad en inteligencia. Probablemente junto a las serias falencias que muestran los cuerpos policiales, la estructuración de servicios de inteligencia profesionales es uno de los temas pendientes en la consolidación democrática en seguridad en la región. La mayoría de estas organizaciones son dirigidas por militares y policías, aunque entre sus miembros aumenta crecientemente el número de empleados civiles. Se pueden identificar dos grupos bien diferentes de países. Por un lado, están aquellos que cuentan con organizaciones antiguas y consolidadas, al menos en apariencia, aunque no necesariamente legitimadas (SIDE en Argentina, ABIN en Brasil y DAS en Colombia). Por otro, hay una serie de países con servicios de inteligencia en gestación y en busca de legitimidad y profesionalismo. Es el caso de ANI en Chile y DINI en el Perú, mientras los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela intentan establecer, mediante reformas legislativas, organizaciones de inteligencia completamente nuevas. En todo caso, perdura la falta de profesionalismo, el uso de malas prácticas—muchas veces mediante el uso político de los servicios — y, en algunos casos, el bajo nivel de eficiencia y éxitos, además de la persistencia de pugnas intestinas por poder, influencia y recursos entre civiles, militares y policías.
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