El Ecuador ha sido uno de los últimos países en la región en tener como ministro de la defensa a un civil. Tradicionalmente esta tarea ha sido entregada a militares retirados. El tema militar fue y sigue siendo un área poco apetecida para ser aprendida por la sociedad civil y académica. El mismo Presidente Correa ha aceptado conocer muy poco sobre temas de seguridad, a tal punto que en una de sus intervenciones semanales en los medios de comunicación ha ofrecido leer y aprender más sobre el tema. Sin embargo de conocer poco del tema — como él lo admite — durante su gobierno se designó por primera vez en más de 35 años a un ministro civil para la defensa. Hasta el momento en su gobierno dos ministras han sido mujeres — una de las cuales murió en un accidente de un helicóptero militar. El actual ministro es un ex periodista que, a través de su columna en uno de los periódicos de alcance nacional era un crítico—para algunos a veces injusto—de las actividades de las FFAA.
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En Venezuela, el tema de las relaciones entre civiles y militares ha sido tradicionalmente muy polémico. El origen de la controversia es complejo, pero básicamente se trata del problema histórico relacionado con la significación política que los militares han jugado en la conformación del Estado y el lugar que deben ocupar en la sociedad venezolana. Pero, en lo fundamental, el liderazgo político civil venezolano no tuvo, ni ha tenido hasta ahora, la capacidad, el interés, la voluntad y claridad política, consistencia conceptual y convicción doctrinaria, e incluso hasta la necesidad de implementar un conjunto de mecanismos y técnicas para ejercer un efectivo control civil sobre el histórico potencial pretoriano de los militares venezolanos. De tal manera que, se puede afirmar que en materia de relaciones civiles y militares venezolanas, luego del fracaso del pretorianismo gobernante del dictador Marcos Pérez Jiménez, no hemos tenido un real y verdadero control civil sobre los militares. Al contrario, lo que hemos tenido es un entendimiento, acuerdo, fusión, alianza y simbiosis militar-civil y político-militar; no escrita, pero sí operante y efectiva. Después de varios siglos de barbarie, atraso e incivilización puede que el siglo XXI sea para Venezuela el siglo de la derrota definitiva del virus del pretorianismo y la supremacía final de la sociedad civil venezolana sobre los militares y sus instituciones armadas.
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Los estadounidenses están tan comprometidos con las elecciones y la democracia como el único camino legítimo hacia el poder político que a veces resulta difícil concebir la política por otros medios. Además, los responsables políticos estadounidenses tienden a creer que las elecciones ocupan un ámbito superior de autoridad moral, y esperan que, con los programas de ayuda a la democracia, América Latina y otras zonas en desarrollo "superen" las revoluciones, los golpes de estado, las huelgas generales y otras vías no electorales de acceso al poder. Sin embargo, como indica la cita de Silvert que figura a continuación, las vías no electorales pueden seguir utilizándose especialmente en circunstancias de crisis; además, estos medios extraelectorales pueden gozar tanto de legitimidad como de mandato constitucional. En este artículo ponemos a prueba estas proposiciones tal y como se aplican en América Latina.
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Este documento examina el golpe hondureño de 2009 como un caso de estudio de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos. La Carta, aprobada por unanimidad por la Organización en septiembre de 2001, consolidó y se basó en los esfuerzos anteriores de la OEA para apoyar y defender la democracia en el hemisferio. El estudio destaca las medidas adoptadas por la OEA y sus Estados miembros y examina las dificultades que tienen las organizaciones multilaterales para intentar llevar a cabo cambios democráticos dentro de un Estado. Aunque la OEA adoptó las medidas más severas permitidas por el acuerdo, el golpe no se revirtió. Las sanciones siguieron vigentes casi dos años después.
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La utilización de las fuerzas militares en la lucha contra todas las amenazas criminales que afectan las democracias es viable y necesaria, pero lo importante es saber cuándo y cómo se puede utilizar la fuerza como primera opción para no incurrir en un acto ilegitimo e ilegal. Este articulo desarrolla la aserción por primeramente reconocer los términos "derechos humanos" y la "ley humanitario internacional" y como se puede aplicar y refrenar las acciones de las fuerzas srmadas dentro del territorio de un país. Además, reconoce el peligro del tipo de guerra no tradicional actualmente ocurriendo contra las populaciones de unos países, y como deben reevaluar la misión de la policía y las fuerzas militares y adaptarla a las nuevas ambientes operativas. Finalmente, este articulo afronta las preguntas desalentadoras de cómo completar estas nuevas misiones con éxito dentro de parámetros legales, y como responder a las alegaciones y ataques del "enemigo" que pueden tomar el formo de tácticos políticas y judiciales.
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El tema de las relaciones civiles-militares tradicionalmente ha abordado, entendiéndolo como tal los procesos de relaciones entre civiles y militares. Pero el contexto actual en América Latina demanda que separemos esos procesos y entendamos su diferenciación, incidencia e influencia. Es en los Ministerios de Defensa donde de mejor manera se ejemplifican estos procesos. En el sentido vertical es la relación político-militar, como una dimensión de poder, donde los políticos deben ejercer la conducción política de la defensa y todas sus implicancias, y los militares, como asesores directos al tema, y ejecutores de la política militar con la supervisión política. Y las relaciones civiles-militares, como una dimensión horizontal, no implica ninguna relación de poder, sino de conocimiento. En algunos países donde se han gestado comunidades de defensa, pueden ser un espacio de consulta de esta política y otros temas de interés a los asuntos de defensa y militares
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Este artículo trata el papel del nacionalismo en las disputas internas de las Fuerzas Armadas que hubo en los años 1964 a 1979, periodo que corresponde a los primeros quince años de vigencia del Régimen Militar en Brasil. En el transcurso del interregno que estamos estudiando, temas relativos al desarrollo económico y la política externa del país polarizaron los debates y los conflictos en el ámbito del estamento uniformado, redundando en significativas transformaciones en las estrategias implementadas por el Estado con miras a la construcción de una "Gran Potencia". Para evaluar la importancia del componente nacionalista en la cultura política de los militares, fue necesario recolectar y vincular los antecedentes que dieron origen a las convicciones y escisiones existentes en las instituciones armadas cuando se produjo el Movimiento de 1964. A continuación se procede a describir dos grupos militares que pasaron a competir por el control del aparato del Estado, examinando cómo la mayor influencia de uno y otro condicionó el proceso decisorio relacionado con los siguientes temas: programa nuclear, industria bélica, estatización de la economia, capital extranjero, tecnologías sensibles, colonización del Amazonas, relación entre Brasil y los EEUU, acuerdos internacionales, foros multilaterales y política de comercio exterior. En ese sentido, se hizo especial hincapié en los pronunciamientos y las declaraciones hechas por los oficiales que protagonizaron el periodo, en la medida en que las justificaciones presentadas por ellos permiten establecer una relación de causa y efecto entre las medidas adoptadas y el nacionalismo que permeaba la cultura política predominante en las Fuerzas Armadas.
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El impacto de los nuevos desafíos a la seguridad y defensa, manifestó la necesidad de establecer medidas de confianza mutua entre países y al interno mismo de las sociedades. A mediados de los años noventa varios países en América Latina, siguieron el ejemplo, publicando sus Libros Blancos de Defensa, donde se manifestaba su posicionamiento respecto del tema de la Defensa. Los países centroamericanos, después de poner fin a los conflictos armados internos, dieron inicio a un proceso de reconciliación, que incluyo el tema de la relación entre las fuerzas armadas y la sociedad. En este sentido, los procesos de los Libros Blancos en estos países, más que instrumentos de medidas de confianza con los países vecinos, sirvieron para tender esas medidas con diversos sectores de la sociedad, y para generar indicios que el proceso de conducción política requería de cambios para estar de acuerdo a los condicionantes existentes. El artículo, presenta esos procesos iniciales en cada unos de los países y como con diferentes ópticas, mostraron un avance en las relaciones político-militares, aunque todavía con un grado de influencia militar prevaleciente.
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Este ensayo analiza el impacto de la asistencia militar en los niveles de violencia del estado contra los civiles durante las guerras civiles. Azam y Hoeffler aducen que el financiamiento externo aumenta los niveles de brutalidad contra los insurgentes. Se aduce que ello podría ser cierto en el caso de asistencia para el desarrollo, pero no cuando se trata de asistencia militar. Con datos del Perú y El Salvador, se sugiere que la ayuda militar a veces podría estar inversamente relacionada con los niveles de violencia contra los civiles. Son dos los factores que lo explican. Primero, la asistencia para el desarrollo sólo aumenta el financiamiento de los regímenes brutales, mientras que la asistencia militar puede inducirlos también a abandonar la brutalidad. Segundo, si bien los programas tradicionales de ayuda militar se han visto impulsados en su mayoría por inquietudes estratégicas, los que se implementaron en Perú y El Salvador incorporaron también aspectos relativos a los derechos humanos.
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