El servicio militar obligatorio en Brasil, en caracter universal, fue reglamentado en 1908 por Hermes da Fonseca, el Ministro de Guerra. Anteriormente, el reclutamiento no era sistematizado, y muchas veces era conducido de forma arbitraria. Sin embargo, la activación del servicio militar obligatorio sólo ocurre después de una campaña nacional, iniciada por los "jovenes turcos", oficiales de de bajo rango del Ejército que habían estudiado en Alemania, y que se convirtieron en propugnadores de varios cambios. Los "jovenes turcos” creían que el servicio militar obligatorio sólo se pondría en práctica realmente con una campaña nacional realizada por civiles y militares. Es creada entonces la Liga de Defensa Nacional, compuesta por varios notables de la política y la literatura brasileña, que divulga el servicio militar obligatorio y el civismo. El servicio militar obligatorio siempre fue considerado fundamental para fomentar una "idea de Patria" entre la juventud. Con este esfuerzo, el servicio militar obligatorio entra en vigor en 1916. Pocas modificaciones son hechas posteriormente. Después del regimen militar (1964-1985) hubo pocos intentos para acabar con el servicio militar obligatorio. Vigoraban las sugerencias de las Fuerzas Armadas. El único cambio importante en la Constitución de 1988 fue la objeción de conciencia. A pesar de haber permanecido 20 años en la dirección del gobierno brasileño, las Fuerzas Armadas brasileñas gozan de prestigio ante la sociedad, y no hay objeciones consistentes al servicio militar obligatorio. Por lo tanto, los cambios generalmente ocurren por iniciativa de las mismas. Las Fuerzas Armadas defienden la manutención del servicio militar obligatorio para que no pierdan la posibilidad de contacto con la juventud, y para que no haya un divorcio entre la sociedad y las fuerzas armadas. Todavia, el Ejército viene adoptando cambios significativos que tienden, como mínimo, a delinear un sistema mixto de voluntariado con obligatorio.
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Las fuerzas armadas de Canadá tienen una política singular de franqueza y accesabilidad, puesta en práctica en 1998 para volver a ganar la confianza del público en las fuerzas armadas del país después de una serie de fracasos debilitadores en las relaciones públicas a mediados de los 1990s. Éstos en gran parte se debían a incidencias de mala conducta entre las tropas durante un despliegue de la ONU en 1992. Aunque la política es bienvenida, no ha podido eliminar algunas de las antiguas dificultades que los periodistas típicamente experimentan cuando tratan de obtener información de los departamentos gubernamentales.
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Este artículo considera los avances de un proyecto de investigación sobre Sistemas Comparados de Defensa, patrocinado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, México. En una primera parte se discuten las diferentes acepciones del concepto seguridad, a la luz de su ambigüedad y complejidad, así como las misiones de las Fuerzas Armadas. En el segundo apartado, se aborda el papel del instrumento militar mexicano, a partir de sus misiones y funciones. Particularmente, se identifica y se confiere tratamiento especial a la participación directa de los uniformados en tareas policiales y propias de las fuerzas de seguridad (tendencia que se denomina militarización de la seguridad pública); el combate al narcotráfico y la guerra contrainsurgente, que le permiten a las Fuerzas Armadas Mexicanas foguearse en acciones de armas y adquirir experiencia en combate, lo que se considera un importante factor cualitativo no material. Finalmente, la tercera sección interroga sobre el futuro de la defensa nacional y de su instrumento militar en México, mediante un análisis que integra la falta de correspondencia entre la defensa nacional y la política exterior; la organización, estructura y despliegue operacional de las Fuerzas Armadas; el factor humano; la ausencia de doctrina conjunta; el sistema de defensa y la seguridad interior, entre otros temas; para terminar con las asignaturas pendientes en la materia, lo que implicaría generar un debate público sobre el papel de las Fuerzas Armadas y una definición clara sobre qué se entiende por Seguridad Nacional.
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El trabajo analiza el marco jurídico regulatorio de las relaciones entre la Fuerzas Armadas y el Congreso, y el rol que le cabe al Ministerio de Defensa. Este análisis se realiza considerando los factores culturales y políticos que conforman este marco. El análisis concluye que la autoridad del Presidente de la República ha sido y continuará siendo un elemento de gran relevancia en la conformación de las normas que regulan las relaciones de poder, afectando la influencia y autoridad del Congreso sobre las Fuerzas Armadas. No obstante esta observación, el estudio deja en evidencia la existencia de un conjunto de normas que permiten una relación fluida entre el Poder Legislativo con las ramas castrenses, al menos en términos de establecer canales de información y comunicación para el cumplimiento de las tareas legislativas, fiscalizadoras e investigadoras. Estas normas, sin embargo, limitan la labor del Congreso en materias presupuestarias y de conformación y organización de la fuerza militar. Finalmente, el trabajo propone avanzar hacia una mayor institucionalización en estas relaciones, fortaleciendo la función de asesoría a las autoridades llamadas a participar en éstas, como también creando procedimientos para que el Ministerio de Defensa Nacional participe eficientemente en estas relaciones.
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