Este artículo del Dr. Paterson comparte los resultados de la encuesta sobre amenazas del Centro Perry realizada a finales de 2022. La encuesta arrojó casi 650 respuestas de graduados del Centro que seleccionaron entre 35 amenazas en las Américas. Los resultados iluminan cómo los principales expertos de América Latina y el Caribe, en particular quienes trabajan en el campo de la seguridad y la defensa, ven las condiciones en las Américas, y pueden mantener informados a los responsables políticos e investigadores que siguen de cerca a la región.
La inseguridad alimentaria es un problema urgente en América Latina y el Caribe (ALC), y la susceptibilidad de la región a la inseguridad alimentaria está a punto de empeorar con los efectos acelerados del cambio climático. La inseguridad alimentaria no es en sí misma un fenómeno que requiera una respuesta militar. De hecho, la inseguridad alimentaria “no” es una amenaza tradicional a la seguridad de las fronteras territoriales y la soberanía nacional. Más bien, debería verse como un amplificador de tensiones y vulnerabilidades políticas, económicas, sociales y ecológicas que pueden ser explotadas por actores malignos y, por tanto, contribuir a aumentar las preocupaciones en materia de seguridad. Desde este punto de vista, las inversiones en seguridad alimentaria deben considerarse medidas de seguridad necesarias, proactivas y preventivas, en apoyo de las agencias gubernamentales civiles y los sectores privado y sin fines de lucro. A través de un papel limitado centrado en la asistencia humanitaria, la respuesta a desastres y la colaboración interinstitucional e internacional, los Estados Unidos puede aprovechar las capacidades y recursos del DOD para apoyar a sus socios regionales en la lucha contra la inseguridad alimentaria. De lo contrario, se correría el riesgo de perder un imperativo estratégico, humanitario y moral.
Con más de 1,7 millones de encuentros notificados por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos -la cifra más alta en dos décadas-, 2021 fue un año excepcional para la inmigración irregular en la frontera sur de Estados Unidos. Aunque esta cifra incluye a ciudadanos de al menos 121 países, alrededor del 43% de los detenidos por las autoridades estadounidenses procedían de Centroamérica.
A menos que se produzcan cambios masivos en la política y el comportamiento humano en todo el mundo, la degradación del medio ambiente debida al cambio climático alimentará la volatilidad en Centroamérica durante las próximas décadas, con efectos secundarios perjudiciales para los vecinos México y Estados Unidos. Detener el flujo de personas hacia el norte desde Centroamérica no es factible ni deseable, especialmente dada la creciente demanda de mano de obra en Estados Unidos y México. Pero garantizar que la migración siga siendo una opción, y no una necesidad, requiere una planificación a largo plazo y la cooperación internacional para aliviar las inminentes consecuencias climáticas.
