Los gobiernos de América Latina han tenido que recurrir a sus Fuerzas Militares para combatir el crimen organizado. Los militares, muy respetados en la mayoría de las naciones latinoamericanas, tienen la disciplina y el poder de las armas para contrarrestar estos grupos. Sin embargo, el uso a los militares en operaciones policiales es una solución peligrosa. Soldados sin el entrenamiento o la educación adecuada, podrían incurrir en violaciones de derechos humanos y poner en riesgo la legitimidad de la institución castrense ante la sociedad civil. La experiencia de EEUU en Irak demuestra los riesgos de desplegar las fuerzas armadas que carecen de un entrenamiento apropiado. Utilizada incorrectamente, esta fuerza puede ser contraproducente y puede poner en peligro el objetivo estratégico más importante: el apoyo de la población. El respeto por los derechos humanos genera legitimidad que conduce a la colaboración y el apoyo ciudadano y oportunidades de inteligencia para las fuerzas militares.
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Dos de las mayores amenazas en el hemisferio norte son el terrorismo y el narcotráfico. Sin embargo, la violencia relacionada con el narcotráfico, la diversificación criminal de los cárteles en frentes nacionales y transnacionales, y las demostraciones de fuerza de tipo terrorista son sólo los elementos visibles de una dinámica social más profunda y compleja en el país. El narcotráfico, como el terrorismo internacional, no es un problema unilateral. Se trata de un asunto de múltiples niveles y dimensiones que debe incluir diferentes medidas para enfrentarse a él con eficacia. Es, por definición, un fenómeno social complejo que no tiene definición. México tiene su parte de estos problemas. Entre los principales cárteles que operan en México, los Zetas son los que han mostrado un nivel relativamente alto de movilidad, adaptabilidad y agresividad en los últimos años. Otros factores que complican la situación son la dinámica de desarrollo de las organizaciones criminales transnacionales y su adaptación al entorno. En consecuencia, los militares y las fuerzas del orden deben adaptarse constantemente a las nuevas condiciones operativas que encuentran al recuperar el control de los espacios públicos del país.
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Si la sociedad jamaicana quiere salir de sus cuatro décadas de malestar económico, hay que invertir la tendencia de 40 años de aumento de la delincuencia violenta y la inseguridad. Sin embargo, esto sólo es posible con un diagnóstico correcto y adecuado de las causas y la formulación de políticas y soluciones apropiadas. Jamaica y el resto del Caribe deben adoptar (y adaptar) políticas y enfoques pertinentes de respuesta a la delincuencia para luchar contra todos los tipos de delitos y violencia, y los autores sostienen que esto sólo se puede lograr mediante estrategias coordinadas y la formulación de políticas basadas en pruebas, respaldadas por un programa integrado de investigación de vanguardia. Si se identifican los mejores indicadores de evaluación de programas y se ajustan las políticas que resultan inadecuadas, un país como Jamaica puede dar un giro a las organizaciones criminales que tienen secuestrada la economía formal y las instituciones legales. Mediante un análisis minucioso de otros programas y perspectivas regionales, es posible encontrar modelos viables que Jamaica pueda seguir.
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El objeto de la presente investigación es determinar desde una perspectiva sistémica, cómo las actividades del crimen organizado en el país están afectando su gobernanza y gobernabilidad. El autor propuesta que: Actualmente en El Salvador el crimen organizado (CO) en su afán por incrementar sus ganancias, el control de rutas de tráfico y mercados se ha configurado en un actor estratégico cuyas actividades están afectando la gobernanza y gobernabilidad del país al desestabilizar sus ámbitos político, económico y social. Esta investigación presenta un estudio comprensivo de la dinámica en que se encuentran inmersas las redes de CO y los efectos negativos de sus actividades en El Salvador. A la vez se identifican las vulnerabilidades del estado salvadoreño, así como los puntos débiles por donde estas nefastas organizaciones están permeando sus estructuras e instituciones. El autor concluya por decir que el Estado salvadoreño a pesar de sus esfuerzos, no da respuesta a los requerimientos y necesidades de seguridad de la población y que la continuación de este rumbo lo va llevar a perder gradualmente legitimidad, hasta entrar en una crisis de gobernabilidad. Él propuesta que la forma de superar esta dinámica viciosa sea recurrir a todos los recursos disponibles incluyendo en el esfuerzo, a la seguridad privada, debidamente controlada y regulada.
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Esta presentación fue realizada en la Conferencia Subregional para Mesoamérica del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa (CHDS), San Salvador, El Salvador, 20-23 de julio de 2010.
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