Los tipos de conflictos violentos que se producen con mayor frecuencia en la actualidad engloban soluciones de diferentes ámbitos, por lo que la participación en la construcción de la paz de un amplio abanico de orígenes y especializaciones es esencial para su éxito. Para reforzar la estructura interna de los Estados frágiles o destruidos, es necesario lograr una mayor integración y coordinación no sólo entre los estados sino también entre las organizaciones internacionales. El mantenimiento de la paz debe convertirse en construcción de la paz para lograr este fin. La seguridad integral es desde hace tiempo un concepto básico para todos los países participantes. La experiencia internacional demuestra que los Estados que cooperan en un determinado país por razones humanitarias y bajo el mandato de la ONU deben complementar después las operaciones de paz llevadas a cabo por las fuerzas militares con acciones destinadas a resolver las necesidades básicas de ese país. Como concepto, las operaciones de paz son más amplias y representan mucho más que el envío de tropas. Junto a la misión de imponer la paz y la seguridad, tiene también un carácter multidisciplinar más amplio e integral, lanzando un guante a civiles y militares para que actúen de forma conjunta y coordinada en diversas tareas múltiples y complejas. Esto es necesario para que las nuevas operaciones logren su objetivo final de asegurar la paz y el desarrollo socioeconómico. En este artículo se presenta el caso de la evolución de Chile dentro de las operaciones de paz bajo el mandato de la ONU. La futura participación de los civiles en su conjunto, junto con los militares y policías, se presenta como otro tema de la Política Exterior en el marco de la Agenda de Cooperación Internacional de Chile para Haití. Asimismo, se destaca la participación del Parlamento en la generación de capacidades de planificación estratégica nacional para la construcción de la paz.
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Esta ponencia trata el tema de la guerra contra el terrorismo y de la implicación de las Fuerzas Armadas en ella es un tema de por si polémico. Pero a favor de una inserción moderada y contenida, se puede argumentar desde una base teórica que partiendo de M. Van Creveld y M. Kaldor respecto de los nuevos tipos de violencia armada, sugiere que el concepto de guerra se puede aplicar pos 11-S a una serie de conflictos que se venían perfilando desde antes, ligados a la violencia política a gran escala. Es un tema de los órganos de defensa en la medida que influye o perturba la seguridad, pero tiene en condiciones de estabilidad institucional menos implicaciones armadas, si se concentra la acción en la naturaleza de la acción económica que soporta la actividad terrorista y criminal. El autor postula que los Estados débiles pueden definir una estrategia supranacional que coordine y produzca el estrangulamiento de las fuentes ilícitas de financiación, dado que los circuitos del financiamiento ilícito son los mismos para el terrorismo que para el crimen organizado transnacional, que no son ciertamente lo mismo, pero representan amenazas de nueva naturaleza para los Estados de la región.
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Los estudiosos han analizado la participación de civiles en los ministerios de Defensa de América Latina desde una doble perspectiva: como parte de la integración civil-militar y como instrumento de control civil del sector. Prácticas que se han dado en un contexto de consolidación democrática y, en el ámbito gubernamental, de una demanda de racionalización; de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de gobierno. El caso chileno es un buen ejemplo de lo anterior. Desde la vuelta a la democracia (1990) la incorporación de civiles al Ministerio ha sido una constante. Todos los ministros han sido civiles y la totalidad de los subsecretarios; sin embargo, al no contar el Ministerio con una planta de profesionales civiles se desarrolló paulatinamente y en forma inorgánica un Comité Asesor del Ministro; personal que realiza asesorías en áreas políticas, político-estratégicas, presupuestarias, internacionales, de comunicacionales y auditoria.
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Las luchas y demandas indígenas en países de América Latina por Autonomía, su análisis debe superar percepciones y expresiones catastróficas a la hora de su discusión, evitando visiones atrapadas en la tentación recurrente de calificar a este emergente y gravitante fenómeno, como potencial amenaza para estados nacionales respecto de lo cual se debe reaccionar con decisión, reduciendo o eliminado la demanda. El presente trabajo pone sobre la mesa una eventual y futura crisis entre Chile y Argentina si la demanda un mismo Pueblo un mismo Territorio de parte de Los Mapuche, se instala y se desarrolla con fuerza a ambos lados de Los Andes, así el llamado y “conocido” Conflicto Mapuche podría constituirse como una variable binacional como tal; recuérdese que esta es una zona donde a ambos lados de la cordillera existen importantes cantidades de comunidades mapuches. La Crisis (de agudizarse) tendrá como actores además de los Mapuche, a dos Estados con no pocos desacuerdo en su historia a partir de la independencias de España: hoy en la actualidad aún tenemos cuestiones de frontera no resueltas y otros desencuentros y diferencias significativas de tono mayor y de reciente expresión, que habla que frente a un Conflicto Mapuche de tipo Nacionalitario, podría dar paso a una crisis de relaciones fronterizas donde el que hacer, como hacer, cuando y en beneficio de quien actuar sobre el tema, podría encontrar a ambos estados en muy dispares posiciones, como a ocurrido (y sigue ocurriendo) en muchas otras materias incluidas las indígenas, partiendo por el convenio 169 de la OIT, el cual Argentina lo suscribió hace seis años y Chile se ha negado a hacerlo.
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