Este artículo examina el papel, a menudo polémico, que la promoción de los derechos humanos ha desempeñado en la política exterior estadounidense en América Latina. Como país que lleva mucho tiempo interviniendo desde el Norte, Estados Unidos ha empleado muchas estrategias diferentes, que a menudo han dado lugar a la elección de participar en los conflictos internos de los países extranjeros en ayuda de uno u otro bando. En cuanto a los derechos humanos, lo cierto es que Estados Unidos no ha adoptado tantos tratados de derechos humanos como muchas otras naciones de América del Sur o Central. En un mundo globalizado y más vinculado que nunca, las naciones están adoptando prácticas de derechos humanos que prometen evitar que se produzcan injusticias como en el pasado, lo que supone una grata ruptura con el pasado violento de América Latina. Por múltiples razones, entre ellas las presiones internas y la creencia en el "excepcionalismo americano", Estados Unidos ha esquivado la plena participación en muchos documentos jurídicos y de derechos humanos internacionales, pero esta práctica ya ha empezado a perjudicar la cooperación internacional y la percepción de los objetivos estadounidenses en el extranjero. El autor concluye su análisis sugiriendo que Estados Unidos reconsidere su anterior desafío a hacer de los derechos humanos un principio de pleno derecho de su política exterior en favor de una nueva postura más cooperativa.
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El objeto de la presente investigación es determinar desde una perspectiva sistémica, cómo las actividades del crimen organizado en el país están afectando su gobernanza y gobernabilidad. El autor propuesta que: Actualmente en El Salvador el crimen organizado (CO) en su afán por incrementar sus ganancias, el control de rutas de tráfico y mercados se ha configurado en un actor estratégico cuyas actividades están afectando la gobernanza y gobernabilidad del país al desestabilizar sus ámbitos político, económico y social. Esta investigación presenta un estudio comprensivo de la dinámica en que se encuentran inmersas las redes de CO y los efectos negativos de sus actividades en El Salvador. A la vez se identifican las vulnerabilidades del estado salvadoreño, así como los puntos débiles por donde estas nefastas organizaciones están permeando sus estructuras e instituciones. El autor concluya por decir que el Estado salvadoreño a pesar de sus esfuerzos, no da respuesta a los requerimientos y necesidades de seguridad de la población y que la continuación de este rumbo lo va llevar a perder gradualmente legitimidad, hasta entrar en una crisis de gobernabilidad. Él propuesta que la forma de superar esta dinámica viciosa sea recurrir a todos los recursos disponibles incluyendo en el esfuerzo, a la seguridad privada, debidamente controlada y regulada.
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Centro William J. Perry