El artículo tiene dos objetivos: en primer lugar, mostrar cómo Brasil, en comparación con otros países latinoamericanos, representa un caso exitoso de incorporación de los militares en el nuevo orden democrático. Segundo, demostrar que parte de este proceso de subordinación de los militares al poder civil, y la consiguiente redefinición de las relaciones cívico-militares, puede ser acreditada a la manera en que Brasil concibió y negoció la amnistía política durante la transición al gobierno civil. Además, se sostendrá que dicho éxito se debe también a la manera en que los gobiernos elegidos democráticamente en los años 1990 confrontaron, en nombre del Estado, las incertidumbres que quedaban en cuanto a "saldar cuentas pendientes del pasado".
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El artículo se centra en el origen, la estructura y las funciones de los militares de Belice, un brazo del estado del único país de habla inglesa de América Central. Las principales tareas de los militares de Belice eran tanto externas como internas. El artículo muestra que Belice es el único país anglófono del Caribe donde las fuerzas armadas se utilizan principalmente con fines defensivos. Esto se hace para evitar que el ejército guatemalteco invada Belice y para controlar la infiltración de inmigrantes ilegales a través de sus fronteras. Sin embargo, la milicia de Belice se ha visto cada vez más involucrada en operaciones "policiales", incluidos el combate de la droga y el mantenimiento del orden interno, lo que ha transformado en difusa la línea que separa a la policía de la milicia. También ha prestado apoyo en caso de desastres naturales y de otro tipo. Finalmente, las fuerzas armadas de Belice han participado en programas de autoayuda y han colaborado en distintos proyectos civiles como forma de fomentar una mejora en las relaciones entre civiles y militares.
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Hay un nuevo pragmatismo civil-militar en la región, que está definido por los ejércitos que participan en misiones internas con funciones expansivas bajo el mando de funcionarios elegidos democráticamente. En el pasado, las fuerzas armadas habrían explotado esas misiones para su propia conveniencia política y al mismo tiempo habrían modificado sus doctrinas para que la expansión de sus funciones fuese una característica permanente de la orientación militar. Por el contrario, los ejércitos actuales han aceptado misiones con el fin de ayudar a los líderes civiles a llenar los espacios vacíos y resolver problemas específicos que de otro modo no podrían atenderse adecuadamente. La colaboración militar en este campo refleja el cumplimiento de sus deberes pero no es altruista, el objetivo de los militares es transformar esta participación en una justificación para lograr mejores presupuestos de defensa, salarios y equipamiento. Esta expansión de funciones no necesariamente amenaza el control civil, en tanto y en cuanto los soldados sigan recibiendo decisiones y no tomándolas. Eso lo lograron, como han mostrado breves estudios de casos en Argentina y Venezuela.
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Tanto el fenómeno del terrorismo como nuestro concepto de él dependen del contexto histórico, es decir político, social y económico, y de la forma en que los países, grupos e individuos que participan en él, o que responden a las acciones que llamamos terrorismo, se relacionan con el mundo en el que actúan. Las causas y los efectos del terrorismo son comprensibles únicamente en términos de conflictos políticos en determinados periodos históricos. La actual diferencia entre América Latina y los Estados Unidos en el concepto de terrorismo y la orientación política que establecerá una estrategia antiterrorista común en el hemisferio occidental responde al carácter imprevisto y dinámico de este fenómeno. Por lo tanto, a efectos de reducir esta diferencia actual, se requiere una orientación eficaz para la formulación de políticas antiterroristas en América Latina y Estados Unidos, de acuerdo con una estrategia común, clara y futura que pueda establecer, hacer cumplir y perfeccionar constantemente un plan político y militar unificado y generar apoyo nacional e internacional que sea congruente.
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A pesar del temprano reconocimiento de la importancia de las instituciones militares al entendimiento de la organización social y el cambio social, la sociología no estableció ninguna tradición de investigación de las Fuerzas Armadas sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Este trabajo explora los orígenes de este sub-campo al concentrarse en las contribuciones pioneras de Morris Janowitz. Basándose en una revisión comprensiva de fuentes primarias, proporciona una historia de los primeros 20 años del Seminario Inter-universitario sobre Fuerzas Armadas y Sociedad (IUS, por su sigla en inglés), una organización fundada por Janowitz en 1961 para apoyar, extender y normalizar la investigación sociológica del militar como institución social. Se presta atención especial a la relación entre la formación de esta institución y la biografía intelectual de Janowitz, y a las dificultades resultantes de los esfuerzos del IUS por trabajar hacia metas múltiples y a veces conflictivas.
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Desde la Independencia a principios de los 1960, ha habido cambios notables en los ámbitos internacionales y regionales, muchos de los cuales tienen importantes implicaciones para la seguridad de los países del Caribe. Algunos de estos cambios están asociados a los problemas del aumento del tráfico de armas y drogas, el desarrollo del crimen organizado transnacional, el incremento de la violencia y la corrupción de instituciones importantes del Estado, incluyendo los sistemas de justicia penal. A pesar de estos cambios y los nuevos desafíos a la seguridad asociados con ellos, ha sido poco el esfuerzo por revisar la política de seguridad nacional y debidamente reformar, de hecho reconfigurar y transformar los servicios de seguridad, para cumplir con las prioridades actuales de la era postcolonial. Este trabajo presenta un esquema para una reconversión más racional de la institución de la seguridad de Jamaica. Se argumenta a favor de una transformación algo radical de las fuerzas de seguridad y un sistema policial que resultaría en mejor control del crimen, un tratamiento más justo de la ciudadanía y que utilizaría mejor los escasos recursos disponibles para la seguridad nacional.
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Este artículo analiza el tratamiento conceptual de la seguridad en el Caribe, examina la naturaleza del escenario de la seguridad en la región y sugiere algunas áreas de seguridad pública que ameritan más atención. Con respecto al primero, discute que el tratamiento Realista tradicional de la seguridad --con su enfoque en la variable militar, el Estado como la unidad de análisis y amenazas externas-- no es aplicable a la región caribeña. Un paradigma apropiado sería más bien, uno que vaya más allá del Realismo, tomando en cuenta las variables económicas y políticas, tanto los actores estatales como los no estatales, y amenazas internas además de las externas. Con respecto al escenario de la seguridad, considera que las amenazas y desafíos a la seguridad incluyen disputas fronterizas, drogas, inestabilidad política y el crimen. Este trabajo hace hincapié en que el asunto de las drogas no es unidimensional, sino que incluye producción, tráfico, abuso, lavado de dinero, corrupción y crimen local y organizado. También se presta atención al terrorismo, señalando el impacto en el Caribe del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001. En cuanto a las áreas que ameritan más atención, el artículo sugiere la necesidad de hacer distinciones en el uso de los términos "seguridad nacional", "defensa nacional", y "seguridad pública". Además, recomienda más trabajo teórico y orientado hacia la política sobre los actores en la seguridad pública y sus respuestas, y sobre el crimen, la seguridad privada y las implicaciones para la seguridad del VIH/SIDA.
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Después del peor ataque terrorista hasta la fecha, muchos están debatiendo la mejor manera de combatir lo que algunos llaman la nueva guerra del Siglo XXI. El Embajador Javier Rupérez comenta sobre cómo el mundo debe responder a los eventos del 11 de septiembre, basándose en lo aprendido en la lucha de España contra el terrorismo durante los últimos 30 años. El embajador propone acción internacional abrumadora y efectiva contra el terrorismo en todas sus formas y dondequiera que ocurra. En esa acción, insiste que los gobiernos democráticos deben defender el imperio de la ley, porque si la sociedad no mantiene su superioridad moral en esta guerra, se convirtirá en una víctima fácil para actos de terrorismo en el futuro.
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Las fuerzas armadas de Canadá tienen una política singular de franqueza y accesabilidad, puesta en práctica en 1998 para volver a ganar la confianza del público en las fuerzas armadas del país después de una serie de fracasos debilitadores en las relaciones públicas a mediados de los 1990s. Éstos en gran parte se debían a incidencias de mala conducta entre las tropas durante un despliegue de la ONU en 1992. Aunque la política es bienvenida, no ha podido eliminar algunas de las antiguas dificultades que los periodistas típicamente experimentan cuando tratan de obtener información de los departamentos gubernamentales.
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