En América Latina el análisis del gasto militar se ve dificultado, por la falta de información homogénea, coetánea y entre los diferentes países, entre otras cosas. Este trabajo busca identificar la información públicamente disponible sobre el proceso de asignación de recursos a las fuerzas armadas de Chile, y sugerir, sobre la base de ésta, una metodología para la construcción de un conjunto de indicadores cuyo objetivo final es elevar la calidad de la información que existe en la sociedad respecto a este gasto, al mismo tiempo que permitir la comparación del gasto militar de Chile con el de otras naciones del continente, si tal metodología fuese adoptada por ellas. Dada la importancia de esto último, este artículo es, en realidad, parte de un esfuerzo mayor de llegar a una metodología común de medición del gasto militar en el Cono Sur de América que ha promovido la Fundación Ford y que ha incluido en una primera etapa a Argentina, Chile y Perú. El presente trabajo discute, primero, los elementos institucionales que condicionan la asignación de recursos a las fuerzas armadas, las características de tal proceso de asignación y, finalmente, los principales temas metodológicos que afectan la construcción de una serie de gasto en defensa que sea comparable intertemporal e internacionalmente. Sobre la base del set de restricciones que esto pone, se define un conjunto de indicadores de la evolución y características del gasto militar del país.
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Este artículo considera los avances de un proyecto de investigación sobre Sistemas Comparados de Defensa, patrocinado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, México. En una primera parte se discuten las diferentes acepciones del concepto seguridad, a la luz de su ambigüedad y complejidad, así como las misiones de las Fuerzas Armadas. En el segundo apartado, se aborda el papel del instrumento militar mexicano, a partir de sus misiones y funciones. Particularmente, se identifica y se confiere tratamiento especial a la participación directa de los uniformados en tareas policiales y propias de las fuerzas de seguridad (tendencia que se denomina militarización de la seguridad pública); el combate al narcotráfico y la guerra contrainsurgente, que le permiten a las Fuerzas Armadas Mexicanas foguearse en acciones de armas y adquirir experiencia en combate, lo que se considera un importante factor cualitativo no material. Finalmente, la tercera sección interroga sobre el futuro de la defensa nacional y de su instrumento militar en México, mediante un análisis que integra la falta de correspondencia entre la defensa nacional y la política exterior; la organización, estructura y despliegue operacional de las Fuerzas Armadas; el factor humano; la ausencia de doctrina conjunta; el sistema de defensa y la seguridad interior, entre otros temas; para terminar con las asignaturas pendientes en la materia, lo que implicaría generar un debate público sobre el papel de las Fuerzas Armadas y una definición clara sobre qué se entiende por Seguridad Nacional.
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Este artículo analiza el estado actual del servicio militar obligatorio en Chile y el debate sobre la transformación a unas Fuerzas Armadas totalmente profesionales. El autor trata no solamente la situación actual en Chile, sino también las reformas que se están aplicando en Argentina y Perú, además de las tendencias mundiales generales en los comienzos del siglo XXI. El autor sugiere que la reforma chilena no es tan visionaria como las reformas tomadas en otros países. En vez de eliminar el servicio militar obligatorio en total, la reforma chilena busca reemplazarlo com algun tipo de servicio social obligatorio para que la juventud chilena pueda cumplir con sus obligaciones a la sociedad. El artículo presenta algunas direcciones posibles que la reforma chilena podría tomar, y concluye que para reformar el servicio militar, los países latinoamericanos primero deben considerar qué tipo de Fuerzas Armadas requieren para hoy y el futuro.
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En este artículo se busca identificar cuáles son las aproximaciones que los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos y México han adoptado frente a las iniciativas de redefinición del concepto y de las instituciones de seguridad hemisférica que se vienen desarrollando en la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). A partir de los documentos de las sesiones de la CSH de los días 20 y 21 de abril de 1999, y 20 y 21 de marzo de 2000, se establece la posición de estos países respecto a cinco cuestiones: la evaluación que cada uno de estos países hace del actual escenario de seguridad en el Continente Americano; los fenómenos que cada país considera que pertenecen a las denominadas "nuevas amenazas", o "amenazas no tradicionales", a la seguridad en el Hemisferio Occidental; las propuestas que hacen sobre la conceptualización de la seguridad interamericana; la evaluación y las propuestas de reforma que hacen estos seis países sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y la Junta Interamericana de Defensa; y, el papel que cada país considera que debe desempeñar la OEA, y específicamente la CSH, en el proceso de redefinición del sistema interamericano de seguridad. Finalmente se hace un análisis sobre las coincidencias y los desacuerdos que existen sobre todas estas cuestiones entre los seis países.
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Este artículo describe brevemente la ley sobre el servicio militar obligatorio vigente en Perú entre 1823 y 2000. De ahí, la autora describe las recientes reformas al servicio obligatorio realizadas por la Legislatura peruana. La autora indica que los cambios de actitude en todo el mundo hacia el servicio militar obligatorio, así como la cambiante situación en Perú, fueron factores in la decisión de modificar las leyes sobre esta práctica. El artículo trata de algunos de los cambios particulares hechos en la nueva ley, la cual entró en vigencia el primero de enero de 2000, e indica que, no obstante las tendencias en otros países, la reforma peruana no buscaba establecer unas fuerzas armadas totalmente profesionalizadas, sino que el nuevo modelo peruano es uno de un servicio militar rotatorio y voluntario en el cual los soldados recibirán capacitación laboral para su eventual reincorporación productiva a la sociedad peruana.
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El trabajo analiza el marco jurídico regulatorio de las relaciones entre la Fuerzas Armadas y el Congreso, y el rol que le cabe al Ministerio de Defensa. Este análisis se realiza considerando los factores culturales y políticos que conforman este marco. El análisis concluye que la autoridad del Presidente de la República ha sido y continuará siendo un elemento de gran relevancia en la conformación de las normas que regulan las relaciones de poder, afectando la influencia y autoridad del Congreso sobre las Fuerzas Armadas. No obstante esta observación, el estudio deja en evidencia la existencia de un conjunto de normas que permiten una relación fluida entre el Poder Legislativo con las ramas castrenses, al menos en términos de establecer canales de información y comunicación para el cumplimiento de las tareas legislativas, fiscalizadoras e investigadoras. Estas normas, sin embargo, limitan la labor del Congreso en materias presupuestarias y de conformación y organización de la fuerza militar. Finalmente, el trabajo propone avanzar hacia una mayor institucionalización en estas relaciones, fortaleciendo la función de asesoría a las autoridades llamadas a participar en éstas, como también creando procedimientos para que el Ministerio de Defensa Nacional participe eficientemente en estas relaciones.
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