El servicio militar obligatorio en Brasil, en caracter universal, fue reglamentado en 1908 por Hermes da Fonseca, el Ministro de Guerra. Anteriormente, el reclutamiento no era sistematizado, y muchas veces era conducido de forma arbitraria. Sin embargo, la activación del servicio militar obligatorio sólo ocurre después de una campaña nacional, iniciada por los "jovenes turcos", oficiales de de bajo rango del Ejército que habían estudiado en Alemania, y que se convirtieron en propugnadores de varios cambios. Los "jovenes turcos” creían que el servicio militar obligatorio sólo se pondría en práctica realmente con una campaña nacional realizada por civiles y militares. Es creada entonces la Liga de Defensa Nacional, compuesta por varios notables de la política y la literatura brasileña, que divulga el servicio militar obligatorio y el civismo. El servicio militar obligatorio siempre fue considerado fundamental para fomentar una "idea de Patria" entre la juventud. Con este esfuerzo, el servicio militar obligatorio entra en vigor en 1916. Pocas modificaciones son hechas posteriormente. Después del regimen militar (1964-1985) hubo pocos intentos para acabar con el servicio militar obligatorio. Vigoraban las sugerencias de las Fuerzas Armadas. El único cambio importante en la Constitución de 1988 fue la objeción de conciencia. A pesar de haber permanecido 20 años en la dirección del gobierno brasileño, las Fuerzas Armadas brasileñas gozan de prestigio ante la sociedad, y no hay objeciones consistentes al servicio militar obligatorio. Por lo tanto, los cambios generalmente ocurren por iniciativa de las mismas. Las Fuerzas Armadas defienden la manutención del servicio militar obligatorio para que no pierdan la posibilidad de contacto con la juventud, y para que no haya un divorcio entre la sociedad y las fuerzas armadas. Todavia, el Ejército viene adoptando cambios significativos que tienden, como mínimo, a delinear un sistema mixto de voluntariado con obligatorio.
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Después del peor ataque terrorista hasta la fecha, muchos están debatiendo la mejor manera de combatir lo que algunos llaman la nueva guerra del Siglo XXI. El Embajador Javier Rupérez comenta sobre cómo el mundo debe responder a los eventos del 11 de septiembre, basándose en lo aprendido en la lucha de España contra el terrorismo durante los últimos 30 años. El embajador propone acción internacional abrumadora y efectiva contra el terrorismo en todas sus formas y dondequiera que ocurra. En esa acción, insiste que los gobiernos democráticos deben defender el imperio de la ley, porque si la sociedad no mantiene su superioridad moral en esta guerra, se convirtirá en una víctima fácil para actos de terrorismo en el futuro.
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Las fuerzas armadas de Canadá tienen una política singular de franqueza y accesabilidad, puesta en práctica en 1998 para volver a ganar la confianza del público en las fuerzas armadas del país después de una serie de fracasos debilitadores en las relaciones públicas a mediados de los 1990s. Éstos en gran parte se debían a incidencias de mala conducta entre las tropas durante un despliegue de la ONU en 1992. Aunque la política es bienvenida, no ha podido eliminar algunas de las antiguas dificultades que los periodistas típicamente experimentan cuando tratan de obtener información de los departamentos gubernamentales.
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Hoy en Brasil hay un consense en cuanto a la necesidad de promover cambios substantivos en nuestro actual sistema de seguridad pública. El desinterés histórico, intencional o no, de la clase política y de nuestras élites en cuanto a la importancia estratégica de las organizaciones policiales en la sustentación de las garantías individuales y colectivas, es una postura que ya no se puede sostentar en la arena pública. El sistema de defensa pública sucumbió forzosamente a las presiones de la sociedad brasileña por una prestación de servicios capaz de acompañar los imperativos de una ciudadanía extendida a todos los brasileños. Con todo, el desinterés no dejó de contribuir a la cristalización de una crisis institucional sin precedentes. Las policías contamporáneas, tal vez más que cualquier otra agencia de defensa y control social difuso, As polícias contemporâneas, talvez mais que qualquer outra agência de defesa e controle social difuso, resultaron ser extremadamente permeables y sensibles a las constantes transformaciones del mercado de la ciudadanía. Dentro de las cuestiones más candentes que mobilizan el debate público sobre la reforma de la policia brasileña, se destaca el proceso formativo de los policias militares. La creación de un foro de discusión incluyendo a todos aqueles actores que pueden contribuir en forma directa o indirecta para la reforma de la enseñanza policial, es una de las muchas posibilidades de construir alternativas creativas y viables.
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¿Representan las llamadas carreras armamentistas y los programas de modernización de tecnología militar un mismo fenómeno, vale decir, una competencia por la supremacía bélica? Esta pregunta es esencial en momentos en que algunos países de la región sudamericana han procedido y proceden actualmente a adquirir sistemas de armamentos catalogados como de alta tecnología. Los criterios a los cuales responden los programas de Modernizaciones de Tecnología Militar (PMTM) difieren de aquellos que caracterizan las tradicionales carreras armamentistas. No sólo las variables que desencadenan y que condicionan el estallido de una competencia bélica son fundamentalmente disímiles de los PMTM sino que, además, el marco contextual al interior del cual este tipo de fenómeno de modernización militar se lleva a cabo es, por esencia, diferente. No obstante esto, ¿en qué medida los programas de modernizaciones bélicas pueden generar percepciones de inseguridad?
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En América Latina el análisis del gasto militar se ve dificultado, por la falta de información homogénea, coetánea y entre los diferentes países, entre otras cosas. Este trabajo busca identificar la información públicamente disponible sobre el proceso de asignación de recursos a las fuerzas armadas de Chile, y sugerir, sobre la base de ésta, una metodología para la construcción de un conjunto de indicadores cuyo objetivo final es elevar la calidad de la información que existe en la sociedad respecto a este gasto, al mismo tiempo que permitir la comparación del gasto militar de Chile con el de otras naciones del continente, si tal metodología fuese adoptada por ellas. Dada la importancia de esto último, este artículo es, en realidad, parte de un esfuerzo mayor de llegar a una metodología común de medición del gasto militar en el Cono Sur de América que ha promovido la Fundación Ford y que ha incluido en una primera etapa a Argentina, Chile y Perú. El presente trabajo discute, primero, los elementos institucionales que condicionan la asignación de recursos a las fuerzas armadas, las características de tal proceso de asignación y, finalmente, los principales temas metodológicos que afectan la construcción de una serie de gasto en defensa que sea comparable intertemporal e internacionalmente. Sobre la base del set de restricciones que esto pone, se define un conjunto de indicadores de la evolución y características del gasto militar del país.
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Este artículo analiza el estado actual del servicio militar obligatorio en Chile y el debate sobre la transformación a unas Fuerzas Armadas totalmente profesionales. El autor trata no solamente la situación actual en Chile, sino también las reformas que se están aplicando en Argentina y Perú, además de las tendencias mundiales generales en los comienzos del siglo XXI. El autor sugiere que la reforma chilena no es tan visionaria como las reformas tomadas en otros países. En vez de eliminar el servicio militar obligatorio en total, la reforma chilena busca reemplazarlo com algun tipo de servicio social obligatorio para que la juventud chilena pueda cumplir con sus obligaciones a la sociedad. El artículo presenta algunas direcciones posibles que la reforma chilena podría tomar, y concluye que para reformar el servicio militar, los países latinoamericanos primero deben considerar qué tipo de Fuerzas Armadas requieren para hoy y el futuro.
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Este artículo considera los avances de un proyecto de investigación sobre Sistemas Comparados de Defensa, patrocinado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, México. En una primera parte se discuten las diferentes acepciones del concepto seguridad, a la luz de su ambigüedad y complejidad, así como las misiones de las Fuerzas Armadas. En el segundo apartado, se aborda el papel del instrumento militar mexicano, a partir de sus misiones y funciones. Particularmente, se identifica y se confiere tratamiento especial a la participación directa de los uniformados en tareas policiales y propias de las fuerzas de seguridad (tendencia que se denomina militarización de la seguridad pública); el combate al narcotráfico y la guerra contrainsurgente, que le permiten a las Fuerzas Armadas Mexicanas foguearse en acciones de armas y adquirir experiencia en combate, lo que se considera un importante factor cualitativo no material. Finalmente, la tercera sección interroga sobre el futuro de la defensa nacional y de su instrumento militar en México, mediante un análisis que integra la falta de correspondencia entre la defensa nacional y la política exterior; la organización, estructura y despliegue operacional de las Fuerzas Armadas; el factor humano; la ausencia de doctrina conjunta; el sistema de defensa y la seguridad interior, entre otros temas; para terminar con las asignaturas pendientes en la materia, lo que implicaría generar un debate público sobre el papel de las Fuerzas Armadas y una definición clara sobre qué se entiende por Seguridad Nacional.
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El trabajo analiza el marco jurídico regulatorio de las relaciones entre la Fuerzas Armadas y el Congreso, y el rol que le cabe al Ministerio de Defensa. Este análisis se realiza considerando los factores culturales y políticos que conforman este marco. El análisis concluye que la autoridad del Presidente de la República ha sido y continuará siendo un elemento de gran relevancia en la conformación de las normas que regulan las relaciones de poder, afectando la influencia y autoridad del Congreso sobre las Fuerzas Armadas. No obstante esta observación, el estudio deja en evidencia la existencia de un conjunto de normas que permiten una relación fluida entre el Poder Legislativo con las ramas castrenses, al menos en términos de establecer canales de información y comunicación para el cumplimiento de las tareas legislativas, fiscalizadoras e investigadoras. Estas normas, sin embargo, limitan la labor del Congreso en materias presupuestarias y de conformación y organización de la fuerza militar. Finalmente, el trabajo propone avanzar hacia una mayor institucionalización en estas relaciones, fortaleciendo la función de asesoría a las autoridades llamadas a participar en éstas, como también creando procedimientos para que el Ministerio de Defensa Nacional participe eficientemente en estas relaciones.
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En este artículo se busca identificar cuáles son las aproximaciones que los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos y México han adoptado frente a las iniciativas de redefinición del concepto y de las instituciones de seguridad hemisférica que se vienen desarrollando en la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). A partir de los documentos de las sesiones de la CSH de los días 20 y 21 de abril de 1999, y 20 y 21 de marzo de 2000, se establece la posición de estos países respecto a cinco cuestiones: la evaluación que cada uno de estos países hace del actual escenario de seguridad en el Continente Americano; los fenómenos que cada país considera que pertenecen a las denominadas "nuevas amenazas", o "amenazas no tradicionales", a la seguridad en el Hemisferio Occidental; las propuestas que hacen sobre la conceptualización de la seguridad interamericana; la evaluación y las propuestas de reforma que hacen estos seis países sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y la Junta Interamericana de Defensa; y, el papel que cada país considera que debe desempeñar la OEA, y específicamente la CSH, en el proceso de redefinición del sistema interamericano de seguridad. Finalmente se hace un análisis sobre las coincidencias y los desacuerdos que existen sobre todas estas cuestiones entre los seis países.
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