Las recientes voces políticas y académicas que denuncian la reemergencia del poder de los militares latinoamericanos como una amenaza contra la democracia se basan en la expansión de las misiones de los uniformados en áreas como la lucha contra el narcotráfico y su papel en crisis como la sucedida en Bolivia. Sin embargo, estas preocupaciones no se ajustan a la realidad de unas fuerzas armadas que han visto reducido dramáticamente sus recursos durante las pasadas décadas y están bajo el control de los gobiernos civiles. En realidad, el nuevo protagonismo de los uniformados tiene menos que ver con un incremento de su influencia política y más con los pobres resultados de los intentos por modernizar las administraciones civiles latinoamericanas. Este fracaso los ha convertido en un instrumento clave de los gobiernos civiles para responder a una crisis, sea esta una emergencia de salud pública o una oleada de criminalidad. Bajo estas circunstancias, resulta fundamental que los gobiernos de la región fortalezcan los mecanismos de control y conducción de las fuerzas armadas con miras a poder hacer uso de sus recursos para afrontar los que prometen ser unos años cargados de inestabilidad y violencia en la región.
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Con la finalidad de proporcionar claridad del marco teórico de los conceptos empleados en este ensayo conceptualizaremos el estado de derecho con base en The Origins of Polical Order (Fukuyama, 2011), es decir, como cuerpo abstracto de reglas de justicia fundamentadas en valores y no en la legislación como ejercicio de la función del poder político. Sin embargo, el empleo de la combinación del sistema civil y el derecho consuetudinario en el ciberespacio en la Unión Europea ha permitido un mejor desempeño del marco legal para el control y la aplicación del Estado de derecho.
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Con mayor frecuencia los gobiernos del Hemisferio Occidental piden más de sus fuerzas militares. En algunos casos las mandan al exterior para misiones de estabilización o mantenimiento de paz. En América Latina y el Caribe, muchas veces se les pide dar apoyo a los cuerpos policiales en situaciones complejas, o en algunos casos extremos reemplazarlos en jurisdicciones específicas. Quizá con la excepción de las policías militares el paradigma de uso de la fuerza empleado por las fuerzas militares es orientado hacia la derrota de un adversario en un contexto legal de derecho internacional humanitario también conocido como del derecho de los conflictos armados. Muchas de las tareas que cumplen las fuerzas armadas en la actualidad ocurren en fuera de la guerra y los marcos legales del DIH. Esta realidad presenta varios retos en materia de rendición de cuentas y la gestión de la buena conducta militar.
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El SARS-CoV-2 (COVID-19) ha tenido un número infinito de efectos en el mundo con el uso intenso del ciberespacio y la gobernanza de actividades a escala global. Dado que la gobernanza y la gobernabilidad tienen diferentes connotaciones y que están estrechamente relacionadas. Ambos términos serán considerados en seguridad y defensa, que están redefiniendo las estrategias debido al impacto de la convergencia de tecnologías exponenciales aceleradas en la planificación, gestión y toma de decisiones del sector con una fuerte participación público-privada.
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