La nueva Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, que surgió de la oposición de China y Rusia a la Convención de Budapest basada en los derechos, corre el riesgo de permitir el ciberespionaje bajo el amparo de la ley (coloquialmente, “cíberlawfare”) contra los Estados Unidos y sus socios. El amplio alcance del tratado de la ONU, así como sus disposiciones sobre jurisdicción extraterritorial, el alcance excesivo de la cooperación jurídica internacional y el secretismo son especialmente vulnerables al abuso, de forma similar al uso indebido de los procedimientos de la INTERPOL por parte de China y Rusia. Los Estados Unidos y sus aliados no deberían adherirse al tratado de la ONU, sino reforzar su compromiso con el Convenio de Budapest y capacitar a sus funcionarios para defenderse del “cíberlawfare”.
