Los Estados Unidos durante más de una década se ha mantenido en gran medida al margen de las acciones de los pueblos indígenas tendientes a participar de lleno en la vida política y económica de sus países. En el ínterin, el creciente espacio político creado por los movimientos indígenas parecía estar dominado por fuerzas radicalizadas unidas por el encono y la oposición a Estados Unidos. Según informes, por lo menos en un caso, militantes islámicos utilizaron en el sur de México la hostilidad común hacia las ideas y la identidad occidental y judeo-cristiana para enrolar a su causa a indígenas descontentos. La importancia que los estrategas le dan ahora a los "estados en proceso de desestructuración" y a los "espacios no gobernados" sugiere la conveniencia de la incorporación y plena participación, con todos los derechos, de los aborígenes americanos en las iniciativas tendientes a mejorar su nivel de vida e impedir en las zonas donde viven o en sus proximidades, la existencia de refugios para terroristas y delincuentes organizados.
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Con un enfoque que el autor denomina "hiper-realista" y una perspectiva "transformacional", este trabajo intenta establecer los 16 parámetros sobre los que se ha construido y evoluciona el sistema colombiano de seguridad y defensa, así como evaluar, parcialmente, su impacto en la dinámica del complejo estratégico más conflictivo del hemisferio occidental.
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El artículo aborda la relación entre seguridad y economía en Brasil desde una perspectiva histórica inspirada en los planteamientos de Barry Buzan. De este modo, después de delimitar el enfoque teórico en el que se sustenta el análisis, se identifican tres escenarios históricos correspondientes al desarrollo del populismo desarrollista en el marco del Estado Novo de Getulio Vargas, al modelo de sustitución de importaciones imperante desde los inicios de la post guerra hasta finales de la década de los ochenta y, finalmente, a la instauración del Estado Burocrático y la adopción de la doctrina de seguridad nacional. Para terminar, se hace un rápido sobrevuelo al proyecto de seguridad económica en la época contemporánea, referido tanto al fortalecimiento de MERCOSUR como al desarrollo sustentable de la Amazonía y los acuerdos regionales de integración.
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El autor hace un análisis de la evolución de la agenda de seguridad del Ecuador desde sus raíces históricas hasta su más reciente desarrollo durante el conflicto con el Perú y los efectos del conflicto colombiano en la frontera. El autor sostiene que la agenda de seguridad del Ecuador se concentró históricamente en la hipótesis de un conflicto convencional con Perú y se basó en un rol tutelar y de integración social de sus Fuerzas Miliares que logró articular a las bases populares con los temas de la seguridad y la defensa. Por estas razones las Fuerzas Militares ecuatorianas buscaron ser esencialmente disuasivas frente a la superioridad militar de sus vecinos. No obstante, la concepción de seguridad y defensa del Ecuador dará un viraje desde finales de los años 90, al concentrar su atención en las amenazas que representa el desarrollo del conflicto interno colombiano en su frontera, La debilidad de la estrategia de seguridad democrática de la administración Uribe Vélez en la frontera colombo-ecuatoriana y la influencia del Gobierno de los Estados Unidos van a ser fundamentales en la formación esta nueva agenda de seguridad. Sin embargo, paradójicamente, involucrarse en el conflicto colombiano puede traer consecuencias negativas para la seguridad ecuatoriana. Aunque Ecuador denuncia los efectos nocivos del Plan Colombia para su seguridad, busca beneficiarse al mismo tiempo de la Iniciativa Regional Andina que tiene propósitos similares. El Estado ecuatoriano parece haber centrado tradicionalmente su agenda de seguridad en amenazas externas, mientras que la gran inestabilidad interna, política y económica, es quizás la fuente más importante de inseguridad lo que ha impedido además establecer una política en materia de defensa coherente y duradera.
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Venezuela, como otros países de América Latina, fue receptora de los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional desarrollados durante el periodo de la Guerra Fría. Esta doctrina tuvo profundas repercusiones en la definición de los intereses nacionales y del perfil de seguridad del país. Por lo tanto, conceptos tales como la territorialidad, la soberanía, el enemigo interno y/o externo y el desarrollo de la nación fueron orientadores de las políticas adoptadas por militares y políticos venezolanos en materia de seguridad y defensa a lo largo de los últimos cincuenta años. No obstante, la llegada al poder del presidente Hugo Chávez Frías en 1999, implica la puesta en marcha de la Revolución Bolivariana que incluye una reevaluación de la concepción tradicional de seguridad. En éste sentido, es imperante estudiar y analizar los componentes de la nueva visión geopolítica y geoeconómica de su proyecto político que abarca la redefinición de objetivos estratégicos que deben responder a los permanentes y nuevos intereses nacionales, el establecimiento de unas nuevas relaciones cívico-militares, la necesidad de crear una nueva Fuerza Armada Nacional, el propósito de dejar atrás viajas doctrinas que no son originarias del país y la adopción de nuevas reformas en seguridad.
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El presente artículo tiene por objeto estudiar el proceso de percepción de las amenazas desde un punto de vista teórico. A partir de un enfoque propedéutico, de base filosófica, que nos brindará el medio para debates posteriores, se estudiará el fenómeno de la percepción de las amenazas, priorizando los datos sobre el proceso de decisión formulado por las Ciencias Políticas y las Relaciones Internacionales. En ese ambiente, las amenazas pueden ser percibidas de distintas maneras por el conjunto burocrático estatal ya que son varios los factores que inciden sobre el proceso, entre ellos la formación de las personas, los marcos constitucionales y legales, los choques burocráticos, así como la cantidad y calidad de la información. De esta forma, el objetivo de este artículo es analizar el tema de las amenazas a partir de la perspectiva clásica de los estudios de defensa nacional, pero incluyendo en el debate la contribución de los estudios de economía y medio ambiente relacionados con la temática de seguridad internacional, intentando establecer conclusiones sobre cuánto favorecen a la formación de las políticas de defensa y de cooperación regional.
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No hay dudas que para combatir al terrorismo internacional en América Latina el gran desafío es el fortalecimiento institucional de los Estados, dependiendo de ello la garantía por la provisión de un bien público —entre otros —como la seguridad. Las referencias a la Opinión Pública (OP) en la región, por su parte, suelen abocarse a la percepción de la amenaza del terrorismo en las sociedades y la relación que la misma tiene, por ejemplo, con la imagen de los Estados Unidos —en particular su política exterior y el modo de enfrentar al terrorismo. Sin embargo, un punto que no suele ser advertido es que la OP también constituye un factor a tener presente en la lucha contra el terrorismo, dado que puede condicionar —aunque no determina— las respuestas de aquellos Estados institucionalmente débiles, y asimismo puede menoscabar su fortalecimiento institucional. A partir de la experiencia del caso argentino, testigo de una OP desentendida de la amenaza del terrorismo internacional y un deficitario enfrentamiento institucional de la misma, el presente trabajo procura advertir tal importancia, planteando un modelo de escenarios posibles al entrecruzar las variables OP y voluntad política.
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Las luchas y demandas indígenas en países de América Latina por Autonomía, su análisis debe superar percepciones y expresiones catastróficas a la hora de su discusión, evitando visiones atrapadas en la tentación recurrente de calificar a este emergente y gravitante fenómeno, como potencial amenaza para estados nacionales respecto de lo cual se debe reaccionar con decisión, reduciendo o eliminado la demanda. El presente trabajo pone sobre la mesa una eventual y futura crisis entre Chile y Argentina si la demanda un mismo Pueblo un mismo Territorio de parte de Los Mapuche, se instala y se desarrolla con fuerza a ambos lados de Los Andes, así el llamado y “conocido” Conflicto Mapuche podría constituirse como una variable binacional como tal; recuérdese que esta es una zona donde a ambos lados de la cordillera existen importantes cantidades de comunidades mapuches. La Crisis (de agudizarse) tendrá como actores además de los Mapuche, a dos Estados con no pocos desacuerdo en su historia a partir de la independencias de España: hoy en la actualidad aún tenemos cuestiones de frontera no resueltas y otros desencuentros y diferencias significativas de tono mayor y de reciente expresión, que habla que frente a un Conflicto Mapuche de tipo Nacionalitario, podría dar paso a una crisis de relaciones fronterizas donde el que hacer, como hacer, cuando y en beneficio de quien actuar sobre el tema, podría encontrar a ambos estados en muy dispares posiciones, como a ocurrido (y sigue ocurriendo) en muchas otras materias incluidas las indígenas, partiendo por el convenio 169 de la OIT, el cual Argentina lo suscribió hace seis años y Chile se ha negado a hacerlo.
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El artículo se concentra en demostrar la relación directa que se establece entre gobernabilidad y seguridad en América Latina, a partir del rol de las instituciones democráticas. La descripción del marco sociopolítico de la región, es la base para la definición propia de estos conceptos entendidos como consecuencias deseadas, a la vez que permite conocer las fuentes estructurales de las dificultades para conseguirlas con éxito. La premisa fundamental es que será necesario recuperar el valor de las instituciones, por que es solamente a partir de la construcción de un espacio de acción colectivo, que las interacciones sociales toman cuerpo más allá de las voluntades particulares. Las instituciones, son el nexo entre una gobernabilidad efectiva y una seguridad formal y percibida como auténtica, por que cristalizan tres elementos que permiten lograr estos resultantes: la contención social, la representatividad y la confianza.
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Cada estado ha enfrentado, en distinta forma, el desafío de modernizar, transformar y/o crear sistemas de inteligencia orientados a satisfacer las necesidades de los procesos decisionales, con un evidente cambio respecto a su función en la guerra fría que se centraba, básicamente, en la identificación y neutralización de amenazas ya sea de origen interno o externo. No obstante ello, tal proceso enfrenta obstáculos políticos, económicos y, en especial, conceptuales para establecer el sistema de inteligencia más adecuado a cada país. En el presente artículo, se plantean las características de estos sistemas, el cual debe ser coherente con sus intereses, objetivos y los recursos existentes bajo un criterio de consolidación democrática, donde la inteligencia es un medio que opera bajo estrictos controles políticos y legales, pero cuya resultante se orienta a ser un insumo fundamental del proceso decisional del conductor político, ya sea en su calidad de Jefe de Estado y/o de Gobierno.
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