Venezuela, como otros países de América Latina, fue receptora de los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional desarrollados durante el periodo de la Guerra Fría. Esta doctrina tuvo profundas repercusiones en la definición de los intereses nacionales y del perfil de seguridad del país. Por lo tanto, conceptos tales como la territorialidad, la soberanía, el enemigo interno y/o externo y el desarrollo de la nación fueron orientadores de las políticas adoptadas por militares y políticos venezolanos en materia de seguridad y defensa a lo largo de los últimos cincuenta años. No obstante, la llegada al poder del presidente Hugo Chávez Frías en 1999, implica la puesta en marcha de la Revolución Bolivariana que incluye una reevaluación de la concepción tradicional de seguridad. En éste sentido, es imperante estudiar y analizar los componentes de la nueva visión geopolítica y geoeconómica de su proyecto político que abarca la redefinición de objetivos estratégicos que deben responder a los permanentes y nuevos intereses nacionales, el establecimiento de unas nuevas relaciones cívico-militares, la necesidad de crear una nueva Fuerza Armada Nacional, el propósito de dejar atrás viajas doctrinas que no son originarias del país y la adopción de nuevas reformas en seguridad.
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No hay dudas que para combatir al terrorismo internacional en América Latina el gran desafío es el fortalecimiento institucional de los Estados, dependiendo de ello la garantía por la provisión de un bien público —entre otros —como la seguridad. Las referencias a la Opinión Pública (OP) en la región, por su parte, suelen abocarse a la percepción de la amenaza del terrorismo en las sociedades y la relación que la misma tiene, por ejemplo, con la imagen de los Estados Unidos —en particular su política exterior y el modo de enfrentar al terrorismo. Sin embargo, un punto que no suele ser advertido es que la OP también constituye un factor a tener presente en la lucha contra el terrorismo, dado que puede condicionar —aunque no determina— las respuestas de aquellos Estados institucionalmente débiles, y asimismo puede menoscabar su fortalecimiento institucional. A partir de la experiencia del caso argentino, testigo de una OP desentendida de la amenaza del terrorismo internacional y un deficitario enfrentamiento institucional de la misma, el presente trabajo procura advertir tal importancia, planteando un modelo de escenarios posibles al entrecruzar las variables OP y voluntad política.
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Las luchas y demandas indígenas en países de América Latina por Autonomía, su análisis debe superar percepciones y expresiones catastróficas a la hora de su discusión, evitando visiones atrapadas en la tentación recurrente de calificar a este emergente y gravitante fenómeno, como potencial amenaza para estados nacionales respecto de lo cual se debe reaccionar con decisión, reduciendo o eliminado la demanda. El presente trabajo pone sobre la mesa una eventual y futura crisis entre Chile y Argentina si la demanda un mismo Pueblo un mismo Territorio de parte de Los Mapuche, se instala y se desarrolla con fuerza a ambos lados de Los Andes, así el llamado y “conocido” Conflicto Mapuche podría constituirse como una variable binacional como tal; recuérdese que esta es una zona donde a ambos lados de la cordillera existen importantes cantidades de comunidades mapuches. La Crisis (de agudizarse) tendrá como actores además de los Mapuche, a dos Estados con no pocos desacuerdo en su historia a partir de la independencias de España: hoy en la actualidad aún tenemos cuestiones de frontera no resueltas y otros desencuentros y diferencias significativas de tono mayor y de reciente expresión, que habla que frente a un Conflicto Mapuche de tipo Nacionalitario, podría dar paso a una crisis de relaciones fronterizas donde el que hacer, como hacer, cuando y en beneficio de quien actuar sobre el tema, podría encontrar a ambos estados en muy dispares posiciones, como a ocurrido (y sigue ocurriendo) en muchas otras materias incluidas las indígenas, partiendo por el convenio 169 de la OIT, el cual Argentina lo suscribió hace seis años y Chile se ha negado a hacerlo.
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El artículo se concentra en demostrar la relación directa que se establece entre gobernabilidad y seguridad en América Latina, a partir del rol de las instituciones democráticas. La descripción del marco sociopolítico de la región, es la base para la definición propia de estos conceptos entendidos como consecuencias deseadas, a la vez que permite conocer las fuentes estructurales de las dificultades para conseguirlas con éxito. La premisa fundamental es que será necesario recuperar el valor de las instituciones, por que es solamente a partir de la construcción de un espacio de acción colectivo, que las interacciones sociales toman cuerpo más allá de las voluntades particulares. Las instituciones, son el nexo entre una gobernabilidad efectiva y una seguridad formal y percibida como auténtica, por que cristalizan tres elementos que permiten lograr estos resultantes: la contención social, la representatividad y la confianza.
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Cada estado ha enfrentado, en distinta forma, el desafío de modernizar, transformar y/o crear sistemas de inteligencia orientados a satisfacer las necesidades de los procesos decisionales, con un evidente cambio respecto a su función en la guerra fría que se centraba, básicamente, en la identificación y neutralización de amenazas ya sea de origen interno o externo. No obstante ello, tal proceso enfrenta obstáculos políticos, económicos y, en especial, conceptuales para establecer el sistema de inteligencia más adecuado a cada país. En el presente artículo, se plantean las características de estos sistemas, el cual debe ser coherente con sus intereses, objetivos y los recursos existentes bajo un criterio de consolidación democrática, donde la inteligencia es un medio que opera bajo estrictos controles políticos y legales, pero cuya resultante se orienta a ser un insumo fundamental del proceso decisional del conductor político, ya sea en su calidad de Jefe de Estado y/o de Gobierno.
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El 1 de marzo de 2004 el presidente de Chile Ricardo Lagos, comunicó al país la decisión de enviar tropas a Haití, formando parte de una misión de paz multinacional MINUSTAH, bajo mandato de Naciones Unidas. Esta decisión convirtió a Chile en el primer país latinoamericano en integrar una fuerza de pacificación en el país caribeño junto a Estados Unidos, Canadá y Francia, luego de la caída del presidente de esa nación Jean Bertrand Aristide, constituyendo el despliegue más numeroso que haya hecho Chile en su ya larga historia de apoyo a las misiones de paz. En Chile esta iniciativa generó un intenso debate políticos en los círculos de análisis internacionales y de defensa, en cuanto a la conveniencia de participar con ese despliegue en una misión con las características de MINUSTAH. El objetivo del presente documento, es aportar los antecedentes que llevan a Chile a participar en esta misión, su contexto y formar un juicio documentado, en torno a una temática que al interior del país es aún nueva, tanto como la participación de fuerzas chilenas en misiones bajo Capítulo VII.
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El proceso de aprobación legislativa de la Convención Interamericana contra el Terrorismo ha presentado una oportunidad interesante para reflexionar sobre algunos aspectos del marco jurídico internacional para el combate al terrorismo. En este ensayo, el autor hace un repaso de algunos de los principales requerimientos del combate internacional al terrorismo a partir del 11 de setiembre de 2001, a la luz de la legislación penal costarricense. Asimismo, se analizan temas concretos que también han sido objeto de debate en otros países y foros internacionales, como lo es la ausencia de una definición universal sobre "terrorismo", entre otros.
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El documento presenta un estudio de cómo muchos componentes del proceso de cambio en los EEUU pueden influir o llegar a influir en la compatibilidad operativa entre la armada argentina y la armada estadounidense en el mediano plazo, de acuerdo con las pautas de liderazgo, y creyendo que podría servir de base para una serie de reuniones de discusión sobre este tema. El escenario "conjunto" es un componente vital en el siguiente análisis, ya que es una de las bases conceptuales del mencionado cambio.
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El trabajo se circunscribe a América del Sur. Su objeto es demostrar que la proliferación de armas, pequeñas o livianas, potencia en forma transversal las amenazas asimétricas, también llamadas nuevas amenazas. Para ello inicialmente se hace referencia al escenario mundial actual, que se considera incluye los conceptos de globalización y transnacionalización, tomando como hito trascendente los hechos del 11 de setiembre de 2001. Luego se analiza el concepto de amenaza, cómo afecta la seguridad internacional; la necesidad de ampliar la aplicación estricta del concepto de defensa al de seguridad nacional. El significado de protección, de asimetría y conceptos relacionados; la participación de las armas pequeñas, haciendo hincapie en las ilegales. El análisis de la interrelación de las amenazas asimétricas se realiza tomando casos testigo de esta problemática. Dentro de ellos se considera Colombia y las llamadas "áreas grises", continuando con la relación entre las amenazas mencionadas y las armas pequeñas. Esta temática incluye el análisis de los conceptos de armas, un enfoque sintético de la evolución de la situación mundial de armas pequeñas, su comercio ilegal y casos testigo de la vinculación de las nuevas amenazas con las armas en Bolivia, Brasil y Colombia. Finaliza expresando conclusiones parciales sobre la actitud del Estado ante la situación planteada y una conclusión general englobante de la problemática abordada, comprobando el objetivo enunciado.
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