Los países del Golfo han adoptado importantes medidas nacionales, regionales e internacionales para frenar el flujo de fondos hacia los grupos terroristas en la última década. Se han instituido diversas medidas para regular mejor y asegurar el sector bancario formal, los sistemas alternativos de envío de remesas, como las hawalas, y las organizaciones benéficas del Golfo. Los trágicos atentados terroristas de enero de 2015 en París contra la revista satírica Charlie Hebdo y un supermercado kosher, perpetrados por discípulos de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) y el Estado Islámico en Irak y el Levante (ISIL) han galvanizado la atención y la demanda mundial para combatir el terrorismo y las redes financieras que financian y apoyan estos actos. En la lucha contra AQAP e ISIL, los Estados del Golfo desempeñarán un papel fundamental en los frentes militar, ideológico y financiero de la campaña para degradar y destruir a estos grupos. Si bien los países del Golfo han realizado importantes avances en la protección de sus sistemas financieros, siguen existiendo riesgos y vulnerabilidades para la financiación del terrorismo, como los donantes privados.
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Algunos casos relacionados con la lucha contra el terrorismo, entre otros, han desafiado algunas de las categorías del derecho internacional del uso de la fuerza, generando un enfrentamiento constante entre aquello que se considera legítimo y aquello que es legal. La invasión de los países aliados en Irak y Afganistán, la intervención de la OTAN en Kosovo y la incursión del estado colombiano en territorio ecuatoriano para atacar un campamento de la guerrilla de las FARC han puesto a prueba el régimen legal existente y subrayado algunas de sus limitaciones, cuestionando el tratamiento que se le ha dado a conceptos tales como "legítima defensa", "ataque armado", "necesidad" y "proporcionalidad". Existen alternativas para conjurar algunos de los problemas principales que se presentan, incluyendo la posibilidad de revisar la composición y procedimiento de toma de decisiones al interior del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La doctrina del uso de la fuerza preventiva, a la cual se ha recurrido en mayor grado por parte de los estados en la lucha contra el terrorismo, es un camino peligroso que amenaza con socavar derechos y de atentar contra libertades. Históricamente rechazada en general, no es aconsejable que la doctrina se fortalezca como institución de derecho público internacional.
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